Allan Madriz | EP. Acciones como gestos vulgares, “piropos”, silbidos y ser rozadas por otra persona con las partes íntimas, serían castigadas con hasta penas de prisión.
Esto es lo que busca el proyecto de Ley N° 20.299 para la erradicación del Acoso Callejero, presentado por diputadas de todas las fracciones legislativas del Congreso.
La iniciativa define acoso sexual callejero como todo acto de naturaleza o connotación sexual, cometido en contra de una persona en lugares o espacios públicos, o de acceso público.
Esto incluye manifestaciones como: gestos obscenos, jadeos y cualquier sonido sexual, palabras, comentarios o insinuaciones sexuales, tomar fotografías o videos del cuerpo de una persona sin su consentimiento y mediando connotación sexual y abordajes intimidades, exhibicionismo, masturbación o persecuciones.
“No se debe seguir permitiendo el acoso callejero como algo normal de la sociedad”, indicó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Karla Prendas, presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer.
El proyecto crea un marco legal para atender las denuncias, incluyendo multas, trabajo comunal y nuevas medidas de protección no penales.
Cuando el acoso sexual callejero incluya el contacto corporal de carácter sexual, como tocamientos indebidos, roces y opresión de genitales contra el cuerpo de la víctima, el proyecto dispone de medidas más severas de tipo penal, como condena de prisión de seis meses a dos años.
“El acoso sexual callejero es una práctica cultural violenta en contra de las mujeres que aún no reconocemos como el grave problema que es. Esta iniciativa es por eso un nuevo paso para construir una sociedad más segura”, indicó la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Emilia Molina.
Las proponentes argumentan que en la actualidad la legislación costarricense carece de normas y mecanismos apropiados para que las víctimas puedan acceder a la justicia en los casos de acoso sexual callejero.
La iniciativa otorga al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) la posibilidad de estimular programas educativos para concientizar a la población sobre los problemas relacionados con el acoso sexual callejero.
