George Rodríguez EP. El juicio relámpago realizado contra el acusado en el caso del asesinato de una estudiante universitaria brasileña en Nicaragua pone de manifiesto la intención gubernamental de que no se conozca detalles del crimen, además de que genera dudas respecto a la ética que rige en el Poder Judicial de ese país, dijeron, en declaraciones difundidas este sábado, abogados nicaragüenses.
El proceso, que tuvo aproximadamente 35 minutos de duración y se efectuó sin acceso a la prensa, se limitó a la lectura de la acusación, por parte del juez Abelardo Alvir, la declaración de culpabilidad, por parte del acusado, Pierson Gutiérrez, y la formulación de cargos, faltando solamente el anunció de la sentencia.
Entre los puntos destacados en los cuestionamientos figuran el hecho de que la tipificación de delitos apuntó a las penas más bajas posible, además de que, en el texto de la acusación, al proporcionar el relato oficial del incidente, el Ministerio Público (MP) responsabilizó a la víctima, Raynéia Gabrielle Lima, por lo ocurrido.
Este fue un elemento que el abogado Walter Erick Solís, defensor de Gutiérrez, utilizó durante el breve juicio realizado en un juzgado en Managua, la capital nacional, un proceso judicial enmarcado por escasa y confusa información oficial sobre el caso.
“Este juicio rápido, acelerado, nos indica que algo raro sucede. Desgraciadamente, después de la forma en que se ha manejado este caso, no tenemos confianza en las autoridades”, aseguró Ernesto Medina, el rector de la Universidad Americana (UAM), el centro de estudios donde Lima cursaba sexto año de Medicina, quien aseguró que el manejo oficial del caso está generando “dudas sobre la imparcialidad de la justicia en Nicaragua”.
Una serie de interrogantes al respecto no es respondida por las autoridades, aseguró el académico.
En ese sentido, al cuestionar la veracidad de la versión oficial sobre el incidente, mencionó el hecho de que no se ha explicado, de manera creíble, la razón por la cual Gutiérrez estaba en el lugar del homicidio.
“Creo que no se nos está diciendo la verdad. Nosotros seguimos exigiendo que se diga la verdad, que se haga una investigación a fondo y que esta sea imparcial, independiente”, planteó Medina.
Coincidentemente, al plantear otro ejemplo en ese sentido, abogados locales consideran que el hecho de Gutiérrez se haya declarado culpable es parte del intento gubernamental por ocultar, mediante la vía judicial, la verdad.
Durante el juicio –realizado el 1 de agosto, de la 1350 a las 1425 hora local, no solamente en privado sino durante un feriado religioso-, el acusado afirmó, según lo registrado en el acta de la audiencia -documento citado por los medios-: “yo admito los hechos que están en la acusación, lo hago de manera voluntaria y pido disculpas”.
En opinión de Boanerge Fornos, un ex fiscal departamental del MP, se trata de un recurso legal para cerrar el caso e impedir que se lleve a cabo una investigación minuciosa.
“El objetivo es obstaculizar la verdad, evitar que se profundice en el caso, que se conozca la prueba en juicio público, porque saben que se confirmaría todo lo que el mundo sabe, que el autor es parte de fuerzas irregulares que andan cometiendo asesinatos en Nicaragua”, aseguró.
Fornos aludió así al hecho de que, en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace más de tres meses golpea a Nicaragua –contexto en el cual Lima fue asesinada- fuerzas policiales y parapoliciales llevan a cabo tareas de patrullaje y represión, así como allanamientos, lo que ha cobrado más de 400 vidas mayoritariamente de civiles desarmados –como la universitaria brasileña-.
En opinión de Alberto Novoa, un ex procurador general, mediante el apresurado proceso judicial, y en el contexto de falta de independencia de los poderes del Estado, el gobierno procuró, básicamente, y en la medida de lo posible, proteger al acusado.
La pena por asesinato va de 20 a 30 años de prisión, mientras la de tenencia de arma de fuego consiste en seis meses a un año de cárcel –frente a la de uso de arma de guerra, que va de cuatro a ocho años de prisión-, pero en la breve audiencia, el MP solicitó condena de 16 años mientras la defensa planteó sentencia de 11 años, lo que será definido en fecha no determinada.
“No hubo intención de buscar la veracidad de los hechos. Por lo tanto, es un proceso que solo tenía un fin el de proteger a la persona que había disparado, por tratarse de un exmilitar, por ser trabajador de Petronic”, dijo, en alusión a la empresa estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic).
La versión oficial del asesinato –descrita por el periódico matutino nicaragüense El Nuevo Diario como “un fantasioso relato”-, contenida en el texto de la acusación, también es blanco de cuestionamientos por parte de expertos legales, ya que, en esencia, responsabiliza, a Lima, por lo ocurrido.
Según el MP, la noche del 23 de julio, aproximadamente a las 2330 hora local, Lima conducía, de manera irregular, el vehículo en el que se transportaba, por el capitalino sector residencial de Monserrat, lo que generó temor en dos agentes de seguridad privada con quienes Gutiérrez conversaba, e indujo al acusado a usar el arma –un fusil tipo M4, de uso exclusivamente policial y militar- que mantenía en su automóvil.
De acuerdo con lo indicado en la acusación, Lima “supuestamente andaba perdida en la zona, se estacionaba, luego aceleraba bruscamente”, y “debido al comportamiento y movilización errática del vehículo que conducía la víctima”, los guardas “expresaron sentir que sus vidas estaban en peligro”, dada la presente situación nacional de violencia y porque “la actitud del carro (…) era sospechosa”.
Fue entonces que Gutiérrez mencionó, a sus interlocutores, el arma de su propiedad, según la versión oficial.
El vehículo alcanzó, repentinamente, “gran velocidad”, motivo por el cual “los guardas se refugiaron en su caseta y uno de ellos hizo un disparo preventivo al aire y Pierson (Gutiérrez) a seis metros de la caseta se colocó detrás de un poste de luz y disparó contra el vehículo de la joven brasileña cuando venía de frente. La joven no se detuvo y cuando pasó, Pierson siguió disparando a medida que el auto se alejaba”, de acuerdo con el mismo relato.
La versión oficial inicial, contenida en dos escuetos comunicados policiales de tres párrafos cada uno y emitidos en el lapso de tres días, también ha sido blanco de críticas por parte de expertos.
“La Policía está enredada en su propia trampa”, dijo Roberto Cajina, consultor civil en seguridad, defensa y gobernabilidad democrática, y dijo que la versión contenida en esos comunicados de la Policía Nacional, emitidos en el lapso de tres días, “no es absolutamente confiable ni para nosotros, los nicaragüenses ni para los compañeros de la joven estudiante de Medicina ni para el Gobierno de Brasil”.
Los textos fueron emitidos respectivamente el 24 de julio –día siguiente al homicidio- y 27 de julio –cuando se informó de la captura de un sospechoso del crimen-.
En el primer caso, la policía explicó que Lima se desplazaba en un automóvil, por el sector Monserrat, el 23 de julio, aproximadamente a las 2330, cuando “un Guarda de Vigilancia Privada, en circunstancias aún no determinadas, realizó disparos con arma de fuego, uno de los cuales le impactó ocasionándole heridas. Fue trasladada al Hospital Militar Escuela Alejandro Dávila Bolaños donde falleció”.
La policía informó entonces que el autor de los disparos, cuya identidad no fue inicialmente revelada, era investigado, y precisó que Lima se desempeñaba como médica interna en el Hospital Policial “Carlos Roberto Huembes” de la Policía Nacional.
En el segundo caso, indicó que “fue capturado Pierson Gutiérrez Solís, 42 años de edad, presunto autor de los disparos (…) a quien le fue ocupado arma de fuego, tipo carabina M 4”.
En este comunicado, no se determinó la ocupación del detenido, pero la mención del arma –de uso exclusivamente policial y militar- generó la sospecha de que se tratase de un efectivo de seguridad.
En declaraciones que formuló al periódico matutino local El Nuevo Diario, el vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Manuel Guevara, informó que “Pierson Adán Gutiérrez Solís, desde el 5 de agosto de 2009, dejó de prestar servicio en el Ejército de Nicaragua. Desde esa fecha, no ha tenido relación con la institución militar”, y reafirmó que, “a partir de esa fecha, no hemos tenido ningún tipo de relación con esta persona”.
Por su parte, conocidos del detenido dijeron, bajo anonimato, al diario, que no estaban al tanto del pasado militar de Gutiérrez, de quien sabían que se desempeñaba como instructor de taekwondo en una escuela en la capital, y una de ellas afirmó que el detenido “nunca portó arma”.
La crisis que convulsiona hace más de tres meses a Nicaragua, presenta saldo provisional de casi 450 víctimas fatales, así como más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, y daño en gran escala en la economía nacional.
La situación se originó, el 18 de abril, en el decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro del decreto, días después, determinó que la masiva protesta popular se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión policial y parapolicial antiopositora.
