Liby Solano | EP. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) respondió a la emergencia nacional del 2020 provocada por la crisis generada por el COVID-19 adaptando su gestión a las necesidades emergentes de más de 40 mil personas y fortaleciendo la atención virtual.
Desde que inició la pandemia, la inversión social total para atender a las familias en condición de pobreza afectadas por el virus fue de ¢8.041 millones, incluyendo el subsidio de emergencias, orden de aislamiento y gastos funerarios.
El trabajo fue liderado desde la Mesa de Protección Social y evolucionó desde la construcción de protocolos para la atención a poblaciones específicas hasta el diseño de nuevos beneficios para el pago de gastos funerarios relacionados con la COVID-19 o la atención de necesidades básicas por órdenes sanitarias de aislamiento a familias en situación de pobreza.
Adicionalmente, el IMAS hizo la entrega de Bonos Proteger con una inversión de ¢54.491 millones en beneficio de 128.333 personas.
“Garantizar los derechos elementales de las personas y sus familias es la condición primera para pensar en una recuperación de esta emergencia. La inversión social COVID-19, busca apoyar a las familias que por su situación se han visto afectadas,” comentó el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez.
Auxilio económico. Por medio del “subsidio de emergencia”, las personas fueron atendidas con un auxilio económico temporal para satisfacer sus necesidades básicas, el cual llegó a más de 39 mil personas, y satisfizo las necesidades de las familias, frente al impacto provocado por el COVID-19 traduciéndose en una inversión de más de ¢7.940 millones. En el proceso de entrega del beneficio, se bancarizó a 1.218 personas.
Beneficio por orden sanitaria. Mediante el protocolo interinstitucional para la atención de familias o personas que se encuentran en investigación por COVID-19, se creó el “Beneficio por orden sanitaria”, una transferencia de entre ¢50.000 y ¢70.000, que ha llegado a beneficiar a 1.104 personas desde que inició la pandemia. Esta ayuda atiende las principales necesidades básicas según la valoración de la persona profesional competente. El monto por órdenes de aislamiento fue de ¢69.502.299.
Gastos funerarios. A partir de la emergencia se creó un protocolo para el otorgamiento “gastos funerarios por COVID-19”. Este beneficio ha llegado a 84 familias y cubre el fallecimiento de personas en pobreza que por motivos relacionados a la pandemia, no pudieran asumir el costo económico del funeral. El monto en gastos funerarios ascendió a ¢31.035.120.
Población en condición de calle o adultos mayores. El IMAS gira más ¢161 millones a organizaciones de bienestar social que atienden poblaciones prioritarias de adultos mayores en abandono y personas en situación de calle en cinco cantones, tanto por su vulnerabilidad social como por ser poblaciones en riesgo frente a la emergencia por COVID-19.
Las entidades beneficiarias son el Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl en San Carlos, el Hogar el Buen Samaritano de Alajuela, la Asociación Los del Camino Ágape Levantando a los Sin Nombre de San Ramón, la Asociación Servicio Solidario y Misioneros Unidos en la Espera ubicada en Cartago y la Asociación para el Rescate de la Población en Situación de Calle en Turrialba.
Pandemia puso a prueba la adaptación a nuevas formas de atención virtual. Para la atención al público el IMAS facilitó desde las Unidades Locales citas virtuales, habilitó el sistema de IVR para completar desde el call center las fichas de las 19.000 nuevas familias Puente que se reclutaron de forma virtual y por último, creó a ZURY, una asistente virtual disponible las 24 horas del día en la página www.imas.go.cr para la atención de las personas. Este es un canal de innovación que responde a la demanda de los servicios del IMAS en el marco de la emergencia nacional.
Pese a la pandemia, la institución no suspendió las giras en territorio indígena, debido a la imposibilidad de brindar atención virtual en los sitios más alejados, donde no hay acceso a internet, conocimiento de dispositivos tecnológicos y ni siquiera electricidad, pero estos son casos excepcionales.
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