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Diputado del PAC desata polémica por proyecto contra el contrabando de bebidas alcohólicas

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Allan Madriz | EP. Después de la aprobación en primer debate del expediente 20.961, “Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico”, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) encendió la polémica al manifestar que hubo lobby en la Asamblea Legislativa para debilitar el proyecto.

Tras el apoyo de 35 legisladores a la propuesta impulsada por el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), Daniel Ulate, el diputado Carranza criticó que se quedara fuera del proyecto la trazabilidad de las cervezas.

“Daniel, este proyecto lamentablemente lograron bombardearlo y de verdad compañeros y compañeras siento vergüenza, siento vergüenza que hoy aquí una empresa haya hecho el lobby suficiente como para sacar la cerveza del proyecto”, afirmó Carranza.

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Las palabras del oficialista se dan después de que se aprobaran mociones la tarde del jueves en el Plenario, para excluir a este producto de la aplicación de la iniciativa de ley que ha impulsado por meses el liberacionista.

“Daniel, sus propios compañeros te han traicionado, tus propios compañeros te han traicionado, y eso es vergonzoso, y hay que decírselo al país, que aquí hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblarle el brazo a los diputados y las diputadas. Excluir la cerveza, no quiero hacerle publicidad pero tiene nombres y apellidos… es un cascarón vacío (proyecto), es una pose, porque hoy una empresa le ha doblado el brazo a los diputados, a sus propios compañeros”, agregó Carranza.

A pesar de que felicitó a Daniel Ulate por impulsar el proyecto, en una línea parecida, el también oficialista Welmer Ramos lamentó que se dejara por fuera del proyecto a la cerveza.

“A Daniel lo trataron de enlodar con cosas que nada tenían que ver y eso si que es extraño, eso hay que decirlo aquí, que si que es extraño que le hayan sacado falsos y demás cosas. Y cuando ya teníamos un acuerdo nosotros, ayer, muy claro, de pronto que el acuerdo deje por fuera un producto, a mí no me gusta, tengo que decirlo, no voy a decir porque, pero no me gusta que en ley se deje por fuera un producto”, señaló Ramos.

Uno de los que contraatacó las palabras de Carranza, fue el legislador independiente Erick Rodríguez, quien presentó las mociones este jueves que dejaron por fuera de la propuesta original a las cervezas.

“Don Ramón, yo lo reto aquí, si me demuestra que me doblaron el brazo a mí o a algunos compañeros, lo reto y yo renuncio a la inmunidad, pero renuncie usted también para acusarlo por difamación, si usted tiene las pruebas, hágalo… pero si no tiene pruebas, no venga aquí  a azuzar con la vaina vacía, a tratar de traidores a compañeros porque no piensan como usted”, manifestó Rodríguez,

La liberacionista María José Corrales también salió en defensa del proyecto de Ulate y de su voto a favor del mismo y señaló que no solo diputados del PLN votaron el proyecto, sino que también legisladores del PAC.

“Yo puedo ver a los ojos a cualquier personas y a cualquier ciudadano con la frente en alto porque a mí nadie me compra, hay algo que se llama convicción y transparencia en las acciones, pero además de eso es más ofensivo lo que usted acaba de decir en relación al proyecto del diputado Ulate, porque eso no es un cascarón, va a sentar un precedente y ahora le compete a su Gobierno establecer el reglamento para que sea eficaz”, indicó Corrales.

Una de las intervenciones que más llamó la atención en la defensa del proyecto de Ulate fue la de la oficialista Laura Guido, que manifestó que si alguien tenía pruebas de que se había hecho lobby y se había torcido el brazo a legisladores, tenía que presentar las pruebas.

“Voté a favor de la moción que modificó el texto en eso sentido, si alguien tiene dudas de nuestro proceder, ahí están los registros de ingreso a mi despacho, en la institución, así como también está a disposición mi número de teléfono… pero si no recibo acusaciones infundadas que pongan en dudas las motivaciones por cuales esta diputada en particular ha tomado la decisión que tomó”, explicó Guido.

Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico

El proyecto aprobado en primer debate pretende darle más herramientas al Estado para atacar con mayor fuerza el contrabando de licor en Costa Rica, desde la perspectiva de evasión fiscal como también desde el ámbito de la salud pública de los costarricenses.

“El proyecto pretende darle potestad a las municipalidades para que puedan realizar operativos en los que puedan detectar contrabando de licor, ayudándole así de manera paralela al Ministerio de Hacienda y a la Policía de Control Fiscal a atacar de manera más eficaz y conjunta esta problemática”, afirmó el legislador Ulate.

El liberacionista añadió que el mercado negro del licor es un excelente negocio porque mientras una botella de 365 ml de “Guaro Cacique”, fabricado y distribuido por la Fábrica Nacional de Licores, tiene un costo al detalle de aproximadamente 1.900 colones de los cuales 1.000 colones se destinan al pago de impuestos, una botella con contenido similar y de la misma presentación pero de marcas contrabandeadas y envasada en condiciones insalubres, se puede conseguir desde los 600 colones, por supuesto sin aportar un solo colón al erario público.

Ulate reconoció que el proyecto se tramita desde hace año y medio en la Asamblea Legislativa y el cual ha sufrido distintos cambios desde que se propuso, tomando en consideración las observaciones de las distintas fracciones legislativas y del Ministerio de Hacienda, las cuales se incorporaron en el texto aprobado.


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