Costa Rica continúa siendo un territorio relevante dentro de las rutas internacionales del narcotráfico, Estados Unidos mantuvo al país entre las principales naciones de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.
Esta condición que, para la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), obliga a mirar más allá de los cargamentos que atraviesan las fronteras nacionales, pues la nueva determinación estadounidense incluye a Costa Rica entre 23 países.
La designación responde a factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o producción de drogas y precursores químicos, por lo que estar en la lista no significa, por sí mismo, que el gobierno costarricense haya incumplido sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico.
De hecho, Costa Rica no aparece entre Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, los cuatro países que Estados Unidos señaló en esta ocasión por haber “fallado de manera demostrable” en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir sus obligaciones internacionales en esta materia.
Sin embargo, la encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, la permanencia del país en esta clasificación vuelve a poner sobre la mesa un problema que trasciende su ubicación geográfica.
“Que Costa Rica esté en esta lista que emite Estados Unidos no significa que nuestro país sea sancionado ni que se esté considerando que está fracasando en la lucha contra el narcotráfico, lo que evidencia es que sí seguimos siendo un territorio relevante dentro de las rutas internacionales de drogas”, explicó Jiménez.
Para la especialista, una de las mayores preocupaciones es que el narcotráfico no se limite a utilizar Costa Rica como puente entre los países productores y los mercados internacionales, “el narcotráfico no solamente utiliza nuestro territorio para el traslado de drogas”, dijo.
“Se han establecido estructuras logísticas, personas que facilitan sus operaciones y redes locales que permiten almacenar, custodiar, distribuir y vender drogas tanto en el territorio nacional como a nivel internacional”, señaló.
En septiembre trascendió una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre una célula que presuntamente utilizaba pistas clandestinas en Guanacaste para recibir cocaína y trasladarla posteriormente hacia México y Estados Unidos.
Para Jiménez, es precisamente el establecimiento de esas estructuras lo que amplía las consecuencias internas del narcotráfico, “ahí es donde tenemos el problema de seguridad nacional”.
“Cuando estas organizaciones se consolidan dentro del país amplían ese catálogo de servicios del crimen organizado, generando además corrupción, lavado de dinero, reclutamiento de jóvenes y disputas territoriales que nos tienen con este problema de violencia homicida tan grave”, afirmó.
Decomisar no es suficiente.
La respuesta frente al narcotráfico agregó la académica, tampoco puede medirse únicamente por la cantidad de cargamentos decomisados o las personas detenidas.
“Estamos ante un problema bastante complejo que requiere respuestas igualmente complejas, no basta con limitarnos al decomiso de drogas y a la detención de personas”, manifestó.
Jiménez consideró necesario fortalecer simultáneamente la seguridad portuaria, la inteligencia criminal, la investigación financiera y la cooperación internacional, pero también intervenir sobre las condiciones sociales que facilitan que las organizaciones criminales encuentren nuevos integrantes.
“Ni que hablar del tema de las desigualdades sociales, que convierten a nuestras comunidades en caldos de cultivo para la generación de criminalidad y violencia, esto es fundamental para evitar el reclutamiento criminal, sobre todo de las personas jóvenes, quienes prácticamente están asumiendo esos nuevos liderazgos”, agregó.
UNED llevará conocimiento técnico a discusión legislativa sobre seguridad
Ante este escenario, la encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED anunció que realizará jornadas de trabajo con diputaciones de la Asamblea Legislativa, con el propósito de aportar conocimiento académico y técnico al análisis y desarrollo de iniciativas de ley y proyectos relacionados con seguridad.
Los encuentros buscarán generar espacios de intercambio sobre prevención social de la violencia, crimen organizado, seguridad ciudadana y fortalecimiento institucional, así como analizar las implicaciones que pueden tener las diferentes propuestas legislativas en estas materias.
La iniciativa busca acercar el conocimiento generado desde la academia al debate legislativo, mediante la participación de personas expertas en diversas áreas vinculadas con el crimen organizado, de esta manera, se pretende aportar insumos técnicos y especializados que contribuyan a la formulación de políticas públicas y al desarrollo de legislación que aborde los desafíos de la seguridad desde una perspectiva integral y multidimensional.
“Para la Carrera de Ciencias Policiales, enfrentar el crecimiento y transformación de las estructuras criminales requiere complementar la acción policial y judicial con prevención social, investigación, cooperación interinstitucional y políticas públicas construidas a partir de evidencia”, señaló Jiménez.
Concluyó que la permanencia de Costa Rica dentro de las principales rutas internacionales de la droga plantea así un desafío que va más allá de impedir que los cargamentos atraviesen el territorio, “evitar que las estructuras que hacen posible ese tránsito se consoliden y continúen alimentando otras manifestaciones del crimen organizado dentro del país”, concluyó.
