Allan Madriz | EP. La Sala Constitucional declaró inconstitucional la omisión en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República (ejercicio económico 2018) de la partida correspondiente al incremento de la contribución del Estado para financiar las pensiones mínimas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
La partida que se excluyó del presupuesto corresponde al incremento de la contribución del Estado, aprobada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el artículo 9, de la Sesión N° 8856, del 28 de julio de 2016. El monto en ese entonces era de ₡56 mil millones.
“En este caso concreto, la Sala Constitucional protege a aquellas personas trabajadoras a quienes les correspondería un monto de pensión que no llega al mínimo otorgado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, señala el comunicado de la Sala.
Por este motivo, el Ministerio de Hacienda y la CCSS, deberán establecer los mecanismos para el reintegro de los ₡56 mil millones en un plazo máximo de 5 años.
La acción fue presentada por el Secretario General y Secretaria General Adjunta, de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).
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