Redacción. – El Primer Informe de la Misión de Observación Electoral advierte riesgos en financiamiento político, cárceles, desinformación y debilitamiento institucional, factores clave para la infiltración criminal en la política
Aunque las Elecciones Nacionales de 2026 en Costa Rica se desarrollaron sin denuncias de fraude y con altos niveles de participación ciudadana, la Organización de los Estados Americanos (OEA) dejó consignado en su Primer Informe de Observación Electoral un conjunto de alertas estructurales que, desde una perspectiva regional, constituyen condiciones objetivas que pueden ser aprovechadas por el crimen organizado y el narcotráfico para penetrar el sistema político.
La Misión de Observación Electoral (MOE/OEA), integrada por 27 especialistas de 15 nacionalidades, reconoce la tradición democrática costarricense y la solidez técnica del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero advierte que el proceso electoral se desarrolló en un contexto político “particularmente complejo e inédito”, marcado por altos niveles de conflictividad, ataques a la institucionalidad, polarización y deterioro de la confianza pública.
Según estándares internacionales, este tipo de escenarios no requieren fraude electoral directo para ser funcionales al crimen organizado: basta con debilitar controles, erosionar legitimidades y generar opacidad financiera.
Financiamiento electoral: la puerta de entrada más crítica
El informe es especialmente claro en señalar que el financiamiento político-electoral sigue siendo uno de los principales puntos de vulnerabilidad democrática en Costa Rica, y por ende, el canal más atractivo para recursos de origen ilícito, incluidos aquellos vinculados al narcotráfico.
La OEA recoge “preocupaciones reiteradas” de actores políticos y sociales sobre la posible infiltración del crimen organizado y la presencia de recursos ilícitos, incluso provenientes del narcotráfico, en las campañas electorales. Estas advertencias no son nuevas: ya habían sido señaladas en misiones anteriores, pero persisten y se profundizan en un contexto de creciente fragmentación política.
El modelo costarricense, basado en reembolsos postelectorales, obliga a los partidos a depender fuertemente de financiamiento privado durante la campaña, sin que existan límites a las contribuciones individuales ni topes claros al gasto electoral, una combinación que, según la experiencia regional, favorece la entrada de capitales opacos.
En 2026, la utilización de certificados de cesión de la contribución estatal (bonos) alcanzó un monto autorizado de ₡71.317.500.000, cifra muy superior al monto total de la contribución estatal fijada para las elecciones (₡39.292.747.760). Para la OEA, esta dinámica incentiva la especulación financiera, beneficiando a grandes financistas privados y reduciendo la trazabilidad del dinero que sostiene las campañas.
En términos simples: cuando el dinero manda antes que el voto, el narcotráfico encuentra espacio.
Partidos sin acceso a banca formal: terreno fértil para dinero ilícito
El informe revela que solo tres partidos políticos lograron acceder a créditos bancarios formales durante la campaña, dejando al resto de las agrupaciones —especialmente las emergentes— en una posición de alta vulnerabilidad financiera.
Según la OEA, esta realidad obliga a muchas candidaturas a recurrir a recursos personales o fuentes no institucionalizadas, un fenómeno que, en contextos regionales comparables, ha sido la antesala de la captura criminal de estructuras partidarias, particularmente a nivel local y territorial.
La Misión no acusa casos concretos, pero deja una advertencia contundente: la inequidad financiera no es solo un problema de justicia electoral, sino de seguridad democrática.
Cárceles, control territorial y votación bajo custodia
Uno de los hallazgos más delicados del informe, leído desde una óptica de crimen organizado, es lo ocurrido en los centros penitenciarios, espacios donde el control estatal compite directamente con estructuras criminales organizadas.
La OEA documenta que 10.802 personas privadas de libertad estaban habilitadas para votar y que, días antes de la elección, se reportaron pérdidas, destrucción y sustracción de cédulas de identidad dentro de los centros penales. La situación obligó al TSE a reimprimir todas las cédulas y entregarlas bajo custodia estricta únicamente al momento de votar.
Aunque la Misión reconoce el esfuerzo institucional, recomienda establecer protocolos permanentes y específicos, advirtiendo implícitamente que la ausencia de controles claros en contextos penitenciarios incrementa el riesgo de coacción, manipulación o direccionamiento del voto, una práctica ampliamente documentada en sistemas carcelarios dominados por organizaciones criminales en América Latina.
El informe no señala hechos consumados, pero el mensaje es claro: las cárceles no son espacios neutrales, y cualquier debilidad administrativa puede ser explotada por redes delictivas con capacidad de organización y coerción.
Desinformación, polarización y desgaste institucional
La OEA también identifica la desinformación electoral como una amenaza creciente, especialmente en redes sociales, y subraya que esta herramienta es utilizada de forma sistemática por estructuras criminales para debilitar democracias, instalar narrativas de desconfianza y erosionar la autoridad del Estado.
El informe advierte que la desconexión entre encuestas y resultados, así como la fragmentación en la transmisión de información electoral, alimenta teorías conspirativas que pueden ser capitalizadas por actores ilegales para justificar su intervención política.
En paralelo, la Misión expresa preocupación por los ataques a la institucionalidad, los cuestionamientos al árbitro electoral y las tensiones entre poderes del Estado, recordando que el crimen organizado prospera cuando la ciudadanía deja de creer en las reglas del juego.
El informe de la OEA es cuidadoso: no acusa fraude ni infiltración directa, pero construye una advertencia estructural. Costa Rica sigue siendo una democracia fuerte, pero no está blindada.
La combinación de financiamiento privado desregulado, desigualdad económica entre partidos, debilidades en entornos penitenciarios, desinformación digital, y desgaste institucional,
configura, según los estándares internacionales, un ecosistema de riesgo que el narcotráfico y el crimen organizado saben explotar.
Por ello, la Misión insiste en fortalecer la fiscalización financiera, robustecer los controles del TSE, proteger la independencia institucional y actuar antes de que las amenazas se materialicen, recordando que cuando el crimen organizado logra entrar a la política, sacarlo es infinitamente más costoso.
