El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este martes en Tejar de El Guarco, Cartago, a una mujer de 26 años, sospechosa de emitir amenazas contra la presidenta electa de la República, Laura Fernández, mediante publicaciones difundidas en redes sociales.
La aprehensión se dio tras una investigación coordinada con el Ministerio Público, luego de que las autoridades recibieran alertas sobre la circulación de videos con mensajes intimidatorios dirigidos a la futura mandataria.
De acuerdo con información judicial, la investigación se inició tras la recepción de datos confidenciales que advertían sobre la existencia de contenido audiovisual en plataformas digitales, en el cual la mujer —identificada con el apellido Barahona— habría proferido amenazas directas, algunas de ellas de muerte, contra Fernández.
Los mensajes habrían sido divulgados en redes como YouTube e Instagram, alcanzando difusión suficiente para activar los protocolos de seguridad correspondientes.
Según trascendió, en dichos videos la sospechosa no solo lanzaba advertencias personales contra la presidenta electa, sino que además afirmaba contar con el respaldo de un supuesto grupo numeroso de personas, aludiendo incluso a la existencia de un plan para atentar contra la jerarca. En una de las publicaciones, habría mencionado plazos y restricciones territoriales, lo que elevó el nivel de alerta de las autoridades encargadas de la seguridad y del resguardo institucional.
Ante la gravedad de los hechos, agentes del OIJ recopilaron evidencia digital, identificar el origen de las publicaciones y ubicar a la presunta autora de las amenazas. C
omo resultado de estas diligencias, se coordinó la detención de la mujer, quien fue puesta a las órdenes del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.
El caso se tramita bajo la figura de amenazas, un delito que adquiere especial relevancia cuando se dirige contra altas autoridades del Estado, en particular en un contexto de transición democrática tras un proceso electoral. Las autoridades judiciales han sido enfáticas en señalar que este tipo de conductas no solo afectan a la persona amenazada, sino que representan un riesgo para la estabilidad institucional y el respeto al sistema democrático.
El tema se encuentra bajo investigación.
