Martin Diaz | EP. Abogándose a la lucha contra la propagación del coronavirus, distintos líderes mundiales han efectuado medidas que amplían drásticamente sus facultades como mandatarios.
En el debate público global existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de proveer a los gobiernos poderes acordes a los desafíos sin precedentes que presenta la pandemia.
Los ejemplos de este tipo son abundantes: Mediante su amplia mayoría en el Senado, el partido del primer ministro de Hungría Víktor Orban declaró el estado de emergencia y se le otorgó la potestad de gobernar por decreto por tiempo indeterminado. La ley permite al jefe de Estado extender el período de emergencia sin necesidad de aprobación parlamentaria; Bajo este régimen, el gobierno puede suspender la aplicación de ciertas leyes por decreto, desviarse de las disposiciones legales e introducir otras medidas extraordinarias, con el objetivo de garantizar “la salud, la seguridad personal y material de los ciudadanos, así como la economía”. Los parlamentarios de la oposición que la semana pasada se negaron a aprobar el proyecto de ley bajo un procedimiento de emergencia han sido acusados de “traición”.
Los ejemplos trascienden las fronteras. La llamada Ley Patriótica implementada en Estados Unidos luego de los ataques del 11 de septiembre, la cual amplió la capacidad de las agencias de seguridad gubernamentales para combatir el terrorismo, sobrevivió también en el tiempo.
El gobierno interino de Jeanine Áñez, en Bolivia, ha pospuesto las elecciones; y en el Reino Unido, la administración conservadora tiene ahora la posibilidad de cerrar fronteras y puertos, prohibir manifestaciones y aislar personas por tiempo indefinido prácticamente sin tener que rendir cuentas.
Al mismo tiempo, surgen voces que advierten sobre el peligro de que algunos gobiernos se valgan de la crisis para tomar potestades que poco tienen que ver con mitigar su avance, sin dar garantías de que no las usarán de manera autoritaria ni las retrotraerán una vez que pase la amenaza. El control sobre la información circulante ha sido otro de los principales objetos de interés. La agencia Reuters reportó sobre al menos siete episodios distintos donde personas que han llamado la atención sobre la falta de infraestructura sanitaria del régimen venezolano de Nicolás Maduro han enfrentado represalias.
Uno de ellos tuvo lugar el 15 de marzo, cuando agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) abdujeron al legislador Tony Geara poco después de que realizara una publicación en su cuenta de Twitter donde aseguraba que un hospital -supuestamente preparado para recibir pacientes con coronavirus- no tenía agua corriente.
Geara permaneció incomunicado durante dos días y cuando fue finalmente llevado a una audiencia, los fiscales lo acusaron de posesión de explosivos y tráfico de armas. El informe contiene una foto de un oficial que apunta a un rifle sobre el asfalto que, aseguran, estaba en el auto del legislador. Geara ha negado todos los cargos.
Douglas Rutzen, presidente del Centro Internacional de Derecho Sin Fines de Lucro en Washington, sintetizo el concepto: “Es muy fácil hacerse de poderes de emergencia. Pero es muy difícil deshacerse de ellos”.
