Allan Madriz | EP. Los magistrados y magistradas de la Corte Plena acordaron este lunes que acatarán la orden de la Contraloría General de la República (CGR) de someterse a lo dispuesto a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Ante esta decisión, las Direcciones de Gestión Humana, Jurídica y de Tecnología de la Información continúen con la ejecución del plan de trabajo en cumplimiento con el oficio número 20.404 (DFOE-PG-0739) del órgano contralor el cual fue notificado a la Presidencia de la Corte el 19 de diciembre 2019.
“En razón de que existe pendiente de resolver una acción de inconstitucionalidad contra lo resuelto por esta Corte en acuerdo firme de la sesión N° 11-2019 del 18 de marzo de 2019, artículo XIV y en atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en resolución R-DC-13-2020 de las quince horas del veinticinco de febrero de dos mil veinte, se acuerda: 1.) Acatar lo resuelto por la Contraloría General de la República e implementar conforme a lo ordenado por el órgano contralor y al plan de trabajo presentado por la Presidencia de la Corte, lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635”, afirma e comunicado.
De esta manera, el pago salarial de los servidores y servidoras judiciales se cancelarán de forma nominal a la base y el pago de la cesantía bajará a 8 años, tal como lo indica el Título Tercero de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La Corte Plena además acordó dictar como medida cautelar, la suspensión del artículo XIV, de la sesión de Corte Plena N° 11-2019 de 18 de marzo de 2019, a la espera de lo que resuelva la Sala Constitucional.
Los magistrados y magistradas integrantes de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar en virtud de la acción de inconstitucionalidad pendiente de resolver.
