Aarón Chinchilla EP. | La Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (BN) habría prestado un crédito empresarial superior a dos mil millones de colones al empresario Juan Carlos Bolaños, implicado en el caso de corrupción conocido como “Cementazo”.
A través de una serie de documentos entregados por Allan Castro, representante legal de ASEBANACIO a la Comisión de Ingreso y de Gasto Público de la Asamblea Legislativa, se evidenció que el órgano solidarista del BN habría otorgado en Septiembre del 2014 a JCB Constructora Alquileres S.A (Empresa de Juan Carlos Bolaños) un total de 2.065.358.356 colones.
El trámite realizado por JCB para la adquisición del crédito empresarial se realizó a través del Expediente 17-018001-1044-CJ.
La denuncia fue realizada por el diputado Liberación Nacional (PLN) Luis Fernando Chacón, quien refirió que el crédito otorgado a Bolaños es “incobrable” y lamentó que “los tentáculos del cementazo alcanzaran a la Asociación Solidarista”.
Mientras la clase media o nuestros agricultores se encuentran arrodillados con dificíl acceso al crédito, a algunos con altas influencias políticas en el Gobierno, les prestaron grandes cantidades de dinero en condiciones sumamente laxas, haciendo evidente una vez más, la crisis moral que atraviesa la banca pública.
En la misma línea, Chacón aseguró que dichos actos irregulares deben ser conocidos por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP); Esto, en el marco de la reapertura de la investigación en contra del Ex Presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
No es la primera vez que ASEBANACIO es cuestionada desde el plenario, ya que en Julio del año pasado, el legislador Jose María Villalta denunció que el Banco Nacional (BN) desvió ilegalmente fondos públicos a ASEBANACIO, que luego utilizó para prestar plata a sus propios jerarcas y clientes comerciales.
Asimismo, aseguró que lo ejecutado por ASEBANACIO podría consistir en una “compleja trama corrupta destinada a crear un banco paralelo con recursos públicos, los cuales fueron trasladados ilegalmente para otorgar créditos irregulares a altos funcionarios del Banco y grandes clientes empresariales del Banco.
Desde 1992 la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que para la creación de una Solidarista de personas trabajadoras, no se podía trasladar a la nueva Solidarista la reserva de provisión para el pago de cesantía que había acumulado el Banco, por tratarse de recursos públicos y no existir autorización legal para el traslado.
