La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga las supuestas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) emitió este martes un informe de mayoría que recomienda el archivo definitivo del denominado “Caso Barrenador”.
El documento no solo descarta las anomalías denunciadas originalmente, sino que lanza una grave acusación: el caso penal habría sido provocado por una manipulación de datos técnicos gestada por mandos medios de la institución.
El informe fue suscrito por un bloque de cuatro legisladores representantes del PUSC, Nueva República, el oficialismo y el diputado independiente Luis Diego Vargas.
Según el análisis de este grupo, la licitación N°2023LY-0000002-0001101142 se ejecutó bajo estrictos parámetros de razonabilidad técnica y legal, desvirtuando la tesis de un perjuicio económico para el Estado.
Por el contrario, los diputados señalaron que el modelo cooperativo ha demostrado solvencia y eficiencia en la prestación de servicios de salud.
La legisladora Marta Carballo, del PUSC, enfatizó durante la sesión la ligereza con la que se plantearon las denuncias iniciales, asegurando que la evidencia de ahorro para la seguridad social es contundente y verificable.
En esa misma línea, Olga Morera, de Nueva República, destacó que este informe de mayoría viene a corregir una narrativa de irregularidades que nunca pudo ser probada, subrayando la importancia de devolver la seguridad jurídica a los proveedores que cumplen con altos estándares de calidad.
Uno de los puntos más críticos del documento señala directamente a la estructura administrativa de la Caja.
El diputado oficialista Daniel Vargas calificó el proceso como un “montaje mediático y judicial” basado en datos alterados por sectores con intereses particulares. Esta tesis fue respaldada por las declaraciones del Dr. Alberto Ferrero Aymerich, gerente de Coopesalud R.L., quien denunció ante la comisión que tres funcionarios específicos de la CCSS modificaron cuadros técnicos para ocultar ahorros y simular sobreprecios, induciendo a error al Ministerio Público y a las autoridades judiciales.
A pesar de la contundencia del bloque mayoritario, las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) se apartaron del criterio, manteniendo sus dudas y alineándose a las posturas iniciales de la Contraloría General de la República.
No obstante, el informe de mayoría prevaleció al concluir que las denuncias de los sindicatos y entes de control carecieron de una metodología estandarizada y se fundamentaron en insumos técnicos inconsistentes que no sostienen la acusación penal.
Finalmente, el legislador Luis Diego Vargas instó a respetar la eficiencia demostrada por las administradoras de las áreas de salud, subrayando que tras un análisis exhaustivo no se halló evidencia de daño patrimonial.
El objetivo primordial de esta recomendación de archivo es eliminar la incertidumbre jurídica que rodea al modelo de cooperación, garantizando así la continuidad del servicio de salud para los más de 560,000 asegurados que dependen de estas clínicas y áreas de salud.
