Aarón Chinchilla EP. | Un proyecto de ley presentado por las liberacionistas Paola Valladares y Karine Niño buscará solventar “la convulsa situación” económica de los educadores costarricenses, a través del fortalecimiento de la Caja de Ande.
La iniciativa, bajo el expediente de ley 21.707, pretende reformar la Ley que Crea la Caja de Prestamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), con el fin de encomendar un nuevo objetivo para dicha institución, además de de otorgar prestamos y administrar ahorros.
Además, se le encomienda al Ministerio de Educación Pública (MEP) incluir la educación financiera dentro de sus ofertas educativas. Por otro lado, se crean dos líneas de crédito especiales para atender las necesidades de vivienda y de sobreendeudamiento de los educadores, las cuales en el caso de la primera, no supere la tasa básica pasiva más un margen de 2 puntos porcentuales como máximo y para la segunda seria tasa básica pasiva más 3 puntos porcentuales como máximo.
Para ambas legisladoras es preocupante la realidad financiera que enfrenta el sector de educadores de este país.
“Mi gran pregunta hoy es ¿Cómo medimos el éxito de Caja de ANDE? ¿Esta cumpliendo con los objetivos que justificaron su creación, su razón de existir? ¿Esta garantizando los principios de solidaridad y de cooperación mutua? ¿Esta logrando que los y las educadoras vivan mejor? (…) Se imaginan compañeros que al final de cada mes una maestra no tenga la plata para poder comprar comida para sus hijos, para pagar recibos, para comprar ropa o incluso tan siquiera para pagar los pases para llegar a su trabajo. ¿Con cuál motivación y con cuanta ansiedad o depresión llegará una maestra o un maestro a cumplir sus funciones?” indicó Niño.
De acuerdo con Valladares la planilla del Ministerio de Educación Pública (MEP) ascendió a 80.973 millones, y de dicha suma la entidad retuvo a sus funcionarios 48.186 millones , más de la mitad, correspondientes a deducciones por deudas y cargas sociales.
Del mismo modo, para 2018, el 60% (50.593 personas) de los 84.322 trabajadores del MEP tenían comprometido el 50% o más de su salario. Más de 24 mil funcionarios recibían menos de 200 mil colones y casi 7000 trabajadores recibían al final menos de 50 mil colones.
Por otra parte, 3187 su sueldo era menor a 20 mil colones y la situación más grave reflejada era para 338 personas que a fin de mes percibían menos de 1000 colones.
“De esta suma 22.000 millones de colones van directo a Caja de Ande, una institución que nació en 1944, precisamente para atender graves dificultades económicas de los educadores” puntualizó
