Aarón Chinchilla EP. | La Defensoría de los Habitantes anunció su oposición a las propuestas de incremento de tarifas eléctricas para las provincias de Guanacaste, Heredia y Cartago.
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Mediante un comunicado, la Defensoría rechazó la propuesta de fijación tarifaria solicitada ayer por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la cual pretende incrementar en el año 2020, las tarifas del servicio de distribución electricidad en un 12,5% y en un 20,74% en el año 2021.
Misma posición tuvo con las solicitudes tarifarias de CoopeGuanacste R.L y Jasec, ya que, según la Defensoría, los ajustes sobrepasan el porcentaje de la inflación acumulada a octubre del presente año, según el índice de Precios al Consumidor, además que se atenta contra la transparencia y participación ciudadana, pues reduce la posibilidad de la fiscalización.
Para los abonados de Guanacaste, se demandaba un incremento de 9.43% y en el caso de Cartago, se solicitaba un 5.12%
La Defensoría recuerda a la ARESEP que el artículo 30 de la Ley 7593, Ley orgánica de la Autoridad Reguladora, establece que, en materia tarifaria, los prestadores de servicios públicos están obligados a presentar, por lo menos, una vez al año, un estudio ordinario, esto para que cada año se someta al control ciudadano los resultados financieros y económicos de la operación del servicio.
Para el caso de Heredia y al igual que las provincias antes mencionadas, la ESPH solicitaba incluir como parte del ajuste el monto por Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los años 2020 y 2021 (¢644,61 y ¢674,13 millones, respectivamente), sin que a la fecha se cuente con una metodología aprobada por la ARESEP para tales efectos.
Ante ello, la Defensoría le solicitó al ente Regulador que el análisis de la petición de la ESPH (y demás empresas) se realice considerando lo indicado por el Regulador de los Servicios Públicos en cuanto al nuevo enfoque regulatorio de la ARESEP, que se basa en la promoción del bienestar de la persona usuaria, que obliga a considerar en los modelos tarifarios el
logro del equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los
prestadores de los servicios, así como la incorporación de los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de la energía y eficiencia económica.
