George Rodríguez EP. La ex primera dama hondureña Rosa Elena Bonilla fue declarada, este martes, culpable de once cargos de corrupción, y absuelta de otras dos acusaciones, de acuerdo con versiones periodísticas locales.
El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, ubicado en Tegucigalpa, la capital nacional, declaró, a Bonilla, culpable de ocho delitos de fraude y tres de apropiación indebida, por los que puede recibir condena de hasta 87 años de prisión, según los medios.
La esposa del ex presidente (2010-2014) hondureño Porfirio “Pepe” Lobo, fue absuelta de los cargos de malversación de caudales públicos así como de la acusación de legitimación de activos, por considerarse que la figura de “Primera Dama” no equivale a una posición estatal, agregaron.
Simultáneamente, el tribunal declaró a Saúl Escobar, ex secretario privado de Bonilla, culpable de ocho delitos de fraude –que implica pena de 48 a 72 años de prisión-, y fue absuelto del cargo de legitimación de activos, de acuerdo con las versiones periodísticas.
Por su parte, Manuel Mauricio Mora, cuñado de Bonilla, fue absuelto de los cargos que se le había tipificado –fraude, y legitimación de activos-, según las mismas fuentes.
La sentencia contra Bonilla será determinada la tarde el 27 de agosto.
Entretanto, la esposa de Lobo permanecerá detenida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), donde easy recluida desde su detención, el 28 de febrero de 2018.
El proceso judicial se refiere al caso conocido como “Caja Chica de la Dama”, que fue investigado, desde 2018, a partir de la denuncia formulada, en 2017, por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) –de la Organización de los Estados Americanos (OEA)- y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) –creada por la Maccih, y adscrita al Ministerio Público (MP) hondureño-.
La Maccih y la Ufecic determinaron que Bonilla se apropió de fondos de la Unidad de Desarrollo Comunitario del Despacho de la Primera Dama (Udeco), por valor aproximado a 18.3 millones de lempiras (casi 743 mil dólares) destinados a programas sociales.
En inmediata reacción al fallo judicial, Lobo dijo, a periodistas, que proyecta apelar la decisión, en la Corte Suprema de Justicia, y, de ser necesario, en las cortes Interamericana de Derechos Humanos y Centroamericana de Justicia.
“No vamos a descansar hasta que mi Rosa esté libre, porque no debe estar ahí”, informó, para advertir que “nosotros vamos ante la Corte Suprema, una vez que tengamos la resolución, y, si la Corte falla en contra de mi Rosa, vamos a las instancias internacionales”, tras lo cual aseguró que “este caso se gana, porque hay una serie de violaciones al debido proceso”.
Lobo responsabilizó, del fallo, al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro.
“Todo tiene un origen: ya Luis Almagro tiene su presea, y ya puede conseguir más recursos, pero el problema va ser que nosotros vamos a la Corte, pero si consideramos que no debemos ir por las situaciones que se conocen, ni modo y esperaremos el quien tenga que caer”, señaló.
El fallo contra la esposa de Lobo fue emitido aproximadamente un año después de que Fabio Lobo, hijo del exmandatario, fue condenado, en 2018, en Estados Unidos, a 24 años de prisión, por narcotráfico.
Lobo antecedió, en la presidencia de Honduras, al actual mandatario, Juan Orlando Hernández, recientemente acusado, en Estados Unidos, como vinculado al narcotráfico, lo que el presidente calificó de conspiración en su contra.
Fiscales federales de la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York acusaron, el 2 de agosto, a Hernández –popularmente conocido, en Honduras, por sus iniciales: JOH- de conspirar, conjuntamente con su hermano Antonio “Tony” Hernández –quien está detenido en Estados Unidos, bajo cargos de narcotráfico-, y con otros alto dirigentes políticos –entre ellos Lobo-.
La acusación, contenida en un texto de 49 páginas presentado en una corte federal en Nueva York, es parte de la documentación referida al proceso contra “Tony” Hernández.
En el caso de JOH, la acusación señala que aproximadamente 1.5 millones de dólares, provenientes del narcotráfico, fueron canalizados a su campaña proselitista en la elección presidencial de 2013, votación que Hernández ganó, para el período 2014-2018.
El mandatario logró una fuertemente cuestionada reforma constitucional que autorizó la reelección presidencial –que estaba prohibida-, y obtuvo, en 2017, su segunda –y masivamente rechazada- victorial electoral, para el desempeño de su segundo mandato consecutivo (2018-2022).
Otro ex presidente hondureño –Rafael Leonardo Callejas (1990-1994)- fue procesado, en 2016, en Estados Unidos, en el marco del escándalo de corrupción estallado, en 2015, en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) –y conocido como el “Fifagate”-.
Callejas, quien se desempeñó desde 2002 como presidente de la Federación Nacional autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), renunció al cargo, en 2015, para entregarse a la justicia estadounidense, y se declaró, el 27 de marzo de 2016, culpable de haber recibido sobornos por medio millón de dólares, para ser compartidos con Alfredo Hawitt, su sucesor inmediato en la entidad deportiva.
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