Aarón Chinchilla EP. | La Sala Constitucional ratificó la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en personas menores de edad.
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A través de un comunicado de prensa, el órgano judicial señaló, en su sentencia número 20019-014677, que la prevención de enfermedades, el interés superior de la persona menor de edad y el resguardo de la salud pública constituyen fines constitucionalmente legítimos que justifican la aplicación de la dosis contra el VPH en personas menores de edad.
Asimismo, se detalló que la disposición de colocar la vacuna “no implica una lesión al principio de la autonomía de la voluntad“.
La resolución, de carácter únanime, por parte de los magistrados se genera luego que un menor de edad presentara un recurso de amparo en contra de aplicación obligatoria de la vacuna contra el VPH por parte del Ministerio de Salud, alegando que tras indagar en “fuentes internacionales” descubrió que la vacuna puede ocasionar severos efectos secundarios, y que en Costa Rica no se informó al respecto.
Las instituciones sanitarias implementaron estrategias de comunicación nacionales, regionales y locales para explicar sobre la inmunización contra el VPH a través de medios audiovisuales, redes sociales y material impreso, donde se explican los aspectos relacionados con la vacuna, entre ellos sus beneficios, la manera de aplicación, los posibles efectos secundarios, contraindicaciones (…) En el caso concreto, no consta que, en algún momento, las autoridades del Ministerio de Salud o de la Caja Costarricense de Seguro Social hubiesen denegado algún tipo de información acerca de la vacuna contra el VPH, cita la sentencia.
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Los magistrados Luis Fernando Salazar, Marta Esquivel y Ana María Picado, coincidentes con el voto de la Sala agregaron que, si bien es cierto, “la aplicación de la vacuna contra VPH puede producir efectos secundarios tales como dolor, hinchazón, picazón, enrojecimiento o formación de hematoma en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, mareos, vómitos y desmayos, no genera ninguna discapacidades o la muerte”.
Asimismo, las autoridades indicaron que las condiciones de salud de la persona menor de edad amparada (alergias y problemas bronquiales) no contraindican la aplicación de la vacuna.
La conformación del Tribunal estuvo a cargo de Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal (magistrado instructor), Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, y los suplentes Marta Esquivel y Ana María Picado
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Según constató el Tribunal Constitucional, la vacuna fue aprobada por la FDA (Food and Drug Administration: Administración de Medicamentos y Alimentos) de Estados Unidos; el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización y Vacunación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América; la Agencia Europea de Regulación de Medicamentos; la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Además, ante el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Salud informó que la vacuna cuenta con un Plan de Farmacovigilancia y una evaluación científica del balance entre beneficio y riesgo del medicamento, el cual ha sido favorable hacia el uso de la vacuna.
La Vacuna elegida se aplicó en dos dosis con seis meses de diferencia entre la primera y la segunda. Esta previene el cáncer causado por cuatro serotipos del virus, que son los causantes del 70% de los cánceres de cérvix, según los estudios internacionales.
Durante el 2016, doce de cada cien mil mujeres recibieron el diagnóstico de cáncer de cérvix y cinco de cada cien mil mujeres fallecieron por esta causa.
De acuerdo a datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se aplicaron 1.188.438 dosis– 91.4% de la población objetivo).
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