George Rodríguez EP. La mayoría de los países miembros de la Organización de los Estados americanos (OEA) decidió, este viernes, crear una comisión que busque solución pacífica a la violenta crisis que hace más de un año afecta a Nicaragua.
El grupo de trabajo cuenta con plazo máximo de 75 días para presentar un informe, al Consejo Permanente de la organización, de acuerdo con el quinto de los seis puntos de que consta la resolución que, al respecto, fue aprobada en el marco de la 49 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la OEA, reunión de tres jornadas llevada a cabo en la noroccidental ciudad colombiana de Medellín.
El texto plantea “instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.
El artículo 20 de la carta establece el procedimiento a seguir en el caso de afectación del orden constitucional en algún país miembros.
“En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”, indica la disposición.
De acuerdo con la situación de que se trate, el consejo podrá disponer que se lleve a cabo las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en el país afectado, señala.
“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, prevé, asimismo.
La resolución de este viernes indica que, al serle entregado el informe, el consejo tome las medidas pertinentes, sean adoptadas, según lo establecido en el último punto.
En ese sentido, la resolución determina “instruir al Consejo Permanente a que, recibido el informe de esta comisión, adopte las medidas que sean necesarias incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General”.
El texto incluye la preocupación por el colapso institucional nicaragüense.
En el primer punto, se plantea la voluntad de “reiterar la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que afecta a este país hace más de un año”.
La resolución fue aprobada con el voto favorable de 20 países, mientras cinco votaron en contra, ocho se abstuvieron, y uno estuvo ausente.
Estallada el 18 de abril del año pasado, la crisis nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen encabezado por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
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