La diputada y exjerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel denunció al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez por presunto adelanto de criterio y posibles violaciones a los principios de imparcialidad y objetividad durante el desarrollo del denominado “Caso Barrenador”.
La gestión se relaciona con declaraciones emitidas públicamente por el fiscal general el 23 de septiembre de 2024, día en que el Ministerio Público realizó allanamientos y detenciones contra funcionarios de la CCSS, integrantes de Junta Directiva y otras personas vinculadas con la investigación penal 24-000267-1218-PE.
En la denuncia, Esquivel cuestiona que Carlo Díaz hablara ante medios de comunicación sobre aparentes sobreprecios en contratos de EBAIS cuando, según sostiene, la investigación todavía no contaba con estudios técnicos concluyentes que permitieran acreditar irregularidades en las adjudicaciones bajo análisis.
El documento señala que el fiscal general hizo referencia a supuestos sobrecostos cercanos al 33%, pese a que el expediente aún se encontraba en una fase inicial y sin peritajes financieros definitivos o resoluciones judiciales que respaldaran tales afirmaciones.
Para la diputada, este tipo de manifestaciones públicas comprometió el deber de objetividad que debe mantener el Ministerio Público y terminó generando un señalamiento anticipado sobre las personas investigadas.
“La justicia no puede convertirse en un espectáculo mediático ni en un veredicto anticipado”, manifestó Esquivel en el comunicado difundido tras la presentación de la denuncia, donde además insistió en la necesidad de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
Uno de los principales argumentos expuestos por la legisladora se basa en el Informe de Mayoría elaborado por la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa sobre el Caso Barrenador. Según la denuncia, dicho informe concluyó que no se logró demostrar la existencia de sobreprecios en el proceso licitatorio relacionado con los EBAIS.
Esquivel sostiene además que, al momento en que Carlo Díaz realizó sus declaraciones, la Fiscalía todavía no disponía de análisis forenses completos ni estudios financieros definitivos que permitieran establecer un eventual perjuicio económico para la Hacienda Pública.
Dentro del escrito también se cuestiona que el fiscal general realizara afirmaciones categóricas sobre una investigación que apenas comenzaba su etapa preparatoria. La denuncia indica que esa actuación podría entrar en conflicto con el principio de objetividad establecido en el Código Procesal Penal.
La diputada añade que las declaraciones del jerarca del Ministerio Público afectaron la percepción pública del caso y comprometieron principios constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Otro de los aspectos incluidos en la denuncia tiene relación con el manejo de información contenida dentro del expediente judicial. Según Esquivel, Carlo Díaz deberá aclarar cuáles elementos técnicos utilizó para afirmar la existencia de aparentes sobreprecios y cómo obtuvo información sensible vinculada con la investigación.
La legisladora también sostiene que ni la auditoría interna de la CCSS ni la Contraloría General de la República validaron de manera definitiva estudios de costos que permitieran confirmar irregularidades en las adjudicaciones investigadas. Incluso, afirma que algunos análisis presentaban inconsistencias en los datos utilizados para evaluar las ofertas relacionadas con cooperativas.
La denuncia presentada ante Inspección Judicial también plantea que un funcionario judicial no debería emitir valoraciones anticipadas sobre asuntos pendientes de resolución, debido a las obligaciones de prudencia y reserva establecidas en la normativa judicial.
En ese sentido, Esquivel considera que la actuación del fiscal general pudo haber afectado la correcta administración de justicia y eventualmente configurar responsabilidades disciplinarias o penales por incumplimiento de deberes.
Por ello, la diputada pidió formalmente la apertura de un procedimiento administrativo-disciplinario para investigar las actuaciones de Carlo Díaz durante el desarrollo del Caso Barrenador. Asimismo, solicitó que, de encontrarse posibles delitos, se remitan piezas para valorar eventuales acciones penales.
La gestión incorpora además enlaces a publicaciones periodísticas, videos y declaraciones públicas brindadas por el fiscal general, donde se refiere a los supuestos sobreprecios relacionados con contratos de EBAIS.
Entre las pruebas aportadas también figura el Informe de Mayoría aprobado por la comisión legislativa investigadora, documento que —según la defensa de Esquivel— evidenciaría inconsistencias en el manejo del caso y actuaciones irregulares durante el proceso investigativo.
El Caso Barrenador continúa siendo uno de los expedientes de mayor impacto político y judicial de los últimos años en Costa Rica, debido a las investigaciones relacionadas con contrataciones de servicios de salud mediante cooperativas y terceros operadores vinculados con la CCSS. Las actuaciones realizadas por la Fiscalía y las posteriores discusiones en la Asamblea Legislativa han provocado fuertes tensiones institucionales y cuestionamientos sobre el manejo técnico, político y mediático del caso.
