Allan Madriz | EP. Tras las recientes publicaciones de varios medios de comunicación sobre los servicios profesionales realizados por Carlos Alvarado en la campaña electoral del 2010, el mandatario costarricense se desligó del caso de estafa por el que el Partido Acción Ciudadana (PAC), fue condenado.
Alvarado habría cobrado entre el 1 de octubre de 2009 y el 15 de febrero de 2010 cuatro pagos de 750 mil colones cada uno, por servicios profesionales para brindar asesoría en comunicación política al PAC.
“El contrato por servicios profesionales del Presidente Alvarado no fue parte de los contratos del Partido Acción Ciudadana que fueron objetados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ni tiene relación con el proceso penal ya concluido”, indicaron desde el gobierno.
Desde el gobierno reconocieron esos servicios y señalaron que en aquel momento se presentaron las facturas respectivas y el pago de los impuestos correspondientes.
Otro de los cuestionamientos que se realizaron contra Alvarado esta semana es la prestación de estos servicios mientras se desenvolvía como asesor parlamentario.
“Antes de dar esos servicios, el Presidente Alvarado efectivamente trabajó como asesor en la Asamblea Legislativa, entre el 1° de junio del 2007 y el 30 de agosto del 2008”, afirmaron desde Casa Presidencial.
En abril anterior la Sala III ratificó la condena por estafa de dos personeros del PAC en contra del Tribunal Supremo de Elecciones, por el cobro ilegal de montos de deuda política durante la campaña electoral del 2010.
El monto de lo defraudado en perjuicio del erario público ascendió en aquel momento a ¢516.000.000, según la sentencia del Tribunal de Apelación del I Circuito Judicial de San José.
Recientemente, la exdiputada del PAC, Laura Garro Sánchez, fue declarada culpable por el delito de falso testimonio en este caso de estafa y condenada a un año de prisión, pero se le aplicaron cuatro años de beneficio de ejecución condicional de la pena.
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