George Rodríguez EP. La represión estatal antiopositora debe cesar, por tratarse de un clamor popular en el marco de la violenta crisis política que afecta a Nicaragua, plantearon este miércoles las integrantes de la misión que Naciones Unidas envió a Nicaragua para acompañar el Diálogo Nacional que procura la paz, además de observar la situación de los derechos humanos.
La misión está constituida por Alicia Londoño y Juana Sotomayor, de la sede central, en la ciudad suiza de Ginebra, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), así como Marlene Alejo, de le representación regional centroamericana de Oacnudh, quienes llegaron el 26 de junio a Managua, la capital nacional.
Asimismo, defensores nicaragüenses de las garantías fundamentales solicitaron, a las enviadas de Naciones Unidas, la creación de un mecanismo que facilite el cese de la represión estatal antiopositora.
“Que cese la represión de parte del Estado”, dijo Sequeira, a periodistas, y subrayó que “es un clamor (…) que se ha planteado aquí”.
Por su parte, y citada en un comunicado en el sitio de Oacnudh en Internet, Alejo condenó la escalada de violencia que hace más de dos meses convulsiona al país centroamericano, y calificó de inaceptables los más de 200 casos de víctimas fatales.
“Condenamos el nivel de violencia e inseguridad que ha vivido el país desde inicios de abril”, indicó, para agregar que a “la muerte de un niño de 14 meses a consecuencia de un disparo, durante el fin de semana, se añade a una trágica lista, de al menos, 212 personas que han muerto de forma violenta en el marco de las protestas. Estos hechos son inaceptables y no pueden quedar impunes”, indicó la funcionaria internacional.
En el texto, la Oacnudh explicó que “el objetivo de esta visita es mantener una presencia ‘in situ’ durante el tiempo que sea necesario, dar acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad del diálogo nacional, observar la situación de derechos humanos en el país y brindar asistencia en estrecha coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
La oficina aludió así a una de las mesas de Trabajo establecidas en el marco del complejo y reiteradamente interrumpido Diálogo Nacional que, convocado por el gobierno, y con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo, se instaló el 16 de mayo para procurar solución a la crisis.
Dos de los 10 integrantes de la CEN –su presidente y arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, y el obispo de Matagalpa y moderador de las sesiones del diálogo, Rolando Álvarez- viajaron el 26 de junio a el Vaticano, para reunirse el fin de semana, en el Vaticano, con el papa Francisco, y abordar, en audiencia privada, la compleja situación de Nicaragua.
Brenes ha indicado que la convulsionada situación nicaragüense es, para el pontífice, motivo de preocupación.
Entretanto, dirigentes de organizaciones nicaragüenses defensoras de los derechos humanos informaron que, durante un encuentro este miércoles con las enviadas de Naciones Unidas, solicitaron a las funcionarias la creación de un mecanismo que frene la represión en el marco de la violenta crisis política que hace más de dos meses golpea a Nicaragua.
Se trata de líderes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua (Anpdh), la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (Cpdh), y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Las funcionarias de Oacnudh “están oyendo”, declaró a periodistas, luego de la reunión, José Luis Rodríguez, dirigente de la Anpdh, quien agregó que el encuentro constuituyó “un primer contacto”, durante el cual “dejaron que nosotros planteáramos la situación”.
Los representantes de la asociación entregaron, además, a las integrantes de la misión internacional, una copia del más reciente informe de la Anpdh, documento que, entre otros datos, indicó que la violencia enmarcada en la crisis ha cobrado por los menos 285 víctimas fatales –incluidos 20 menores-, informó Rodríguez.
“Estamos tratando de ver qué podemos trabajar en conjunto, para medidas de seguridad para la población en Nicaragua ante la ola de violencia”, explicó.
