Líderes y organizaciones indígenas entregaron la denuncia al Gobierno de la República el pasado 26 de febrero, acusando a un grupo de invadir por medios violentos una finca en Térraba y alterar el orden local.
El gobierno hizo un vehemente llamado a los organizadores de dicha invasión y a los participantes en ella, para que se retiren de inmediato del predio ilegalmente ocupado.
Las autoridades advirtieron que se reservan la posibilidad de solicitar el auxilio de las fuerzas de policía y de entablar acciones legales para parar esta usurpación.
Posteriormente, el Gobierno de la República realizará “los trámites necesarios para devolver el terreno a la Comunidad Indígena de Térraba, como parte inalienable que es de su territorio. Razón por la cual no se justifica la citada invasión”.
