Elvis Martínez. El diputado del PAC, Claudio Monge, presentó un recurso de amparo contra un Decreto Ejecutivo que declaraba de interés público y nacional la candidatura de Anabel González para ocupar la Presidencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual no representa ningún beneficio para las y los costarricenses. El legislador alega que las aspiraciones de González son personales y que el Gobierno no está facultado para gastar recursos del Estado en su promoción.
Por Decreto Ejecutivo N° 37478-MP la Presidencia de la República declaró de interés público la candidatura de la Licenciada Anabel González Campabadal para la dirección de la organización Mundial del Comercio. En el decreto publicado el pasado 11 de enero, se emitía una directriz para disponer de fondos públicos con los cuales se pagaría una campaña internacional para promover su candidatura. El decreto además, recomendaba a otras instituciones del Estado a asignar fondos o cualquier otro medio material para promocionarla.
“La promoción de la señora González Campabadal es un asunto de índole personal, carente de todo interés público, en razón que se trata de procurarle un puesto de trabajo a la salida del Gobierno que sólamente beneficia a la mencionada González a título personal, con la ausencia absoluta de beneficios colectivos y ajeno a todo fin estatal o general”, argumentó el diputado Claudio Monge.
Monge recordó al Ejecutivo que El artículo 140 inciso 7 de la Constitución Política señala que la recaudación e inversión de las rentas nacionales debe realizarse de acuerdo con las leyes, por lo que la Presidencia está inhibida constitucionalmente de disponer de recursos públicos para fines distintos a los señalados por el ordenamiento jurídico.
El legislador señaló que el pueblo costarricense, como pagadores de los impuestos y otros tributos para el sostenimiento del Estado, no recibirá ningún beneficio con la promoción y eventual elección de González ante la OMC y que dicho decreto provoca grave perjuicio a la renta pública.
“La Presidencia de la República no puede disponer de fondos públicos para beneficiar a particulares, amigos o amigas o colaboradores,sino que debe limitarse a la redistribución conforme a lo que las leyes dispongan. Por eso la declaratoria de interés público y nacional carece de sustento fáctivo y legal consecuentemente no puede interpretarse ni valorarse como una decisión de Estado”, agregó.
Monge pide a los Magistrados de la Sala Constitucional que se declare inconstituciona el decreto, por ser contrario a los artículos 11,129 y 140 inciso 7 de la Constitución Política. Asimismo, pide que se suspenda la utilización de los fondos públicos para sufragar los gastos establecidos en el decreto para la promoción de González.
El Legislador recomienda, de ser necesario, se remita el caso ante el Ministerio Público para que investigue si se cometió el delito de peculado con la utilización de esos fondos públicos.
