El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, ordenó el 21 de octubre la reubicación inmediata de la directora y los funcionarios del Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, tras la liberación irregular de un privado de libertad que mantenía expedientes abiertos.
Como primera medida, el jerarca instruyó a la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) apartar de sus puestos a todos los trabajadores involucrados mientras avanza la investigación del caso.
Además, Aguilar inició los procedimientos disciplinarios correspondientes. Las autoridades ministeriales advirtieron que despedirán a los responsables si comprueban actos de negligencia durante el proceso, aplicando el ordenamiento jurídico vigente.
Paralelo a la vía administrativa, la institución presentará una denuncia penal contra los funcionarios ante el Ministerio Público para que la fiscalía determine las eventuales responsabilidades por la salida del recluso.
La cartera de Justicia reiteró que no tolerará incumplimientos de deberes ni irregularidades por parte del personal que opera en los centros penitenciarios del país.
