Por Tannia Molina Rojas. Criminóloga y especialista en investigación criminal y seguridad organizacional. Investigadora del fenómeno criminal en Costa Rica y en la región.
No se trata de “ellos” , “los otros” , “ los cacos “. Nos gusten o no, porque además nos han hecho daño directamente o a un familiar ; los privados de libertad siguen siendo personas .
Cuando el Estado ejerce violencia directa sobre las personas privadas de libertad no solo está cometiendo una violación a los derechos humanos, está rompiendo el pacto fundamental que legitima su propio monopolio de la fuerza.
La persona privada de libertad está bajo custodia total del Estado, no tiene posibilidad de defensa ni de huida, por lo tanto cualquier acto de violencia en su contra no es un exceso, es un abuso de poder en su forma más pura.
El primer peligro es jurídico e institucional. Si se normaliza que al que está preso se le puede golpear, torturar o humillar, se elimina el principio de que la pena es la privación de libertad en sí misma y no un castigo físico adicional.
Se borra la línea entre justicia y venganza y el sistema penitenciario deja de ser un espacio de resocialización para convertirse en un espacio de castigo extrajudicial. Eso destruye cualquier posibilidad de reinserción y genera más violencia adentro y afuera (supuesto debe existir contención y disciplina ; pero eso es otra cosa.
El segundo peligro es el precedente. La violencia estatal siempre empieza con los que nadie va a defender: el preso, el marcado como delincuente, el enemigo social. Cuando la sociedad acepta que con ellos todo vale, el Estado aprende que puede usar esa misma violencia sin consecuencias. Es una ventana que se abre.
Lo que hoy se justifica contra una persona privada de libertad por ser narcotraficante o asesino, mañana se justifica contra un manifestante, un opositor o un periodista bajo la misma lógica de que es un enemigo del orden.
Por eso históricamente todos los regímenes autoritarios han empezado por deshumanizar a la población carcelaria. Es el laboratorio perfecto para probar hasta dónde aguanta la sociedad la suspensión de garantías. Si nadie dice nada cuando torturan a un preso, nadie dirá nada cuando se detenga sin orden judicial o cuando se espíe sin control judicial.
La violencia carcelaria no es un hecho aislado, es el síntoma más claro de un Estado que está transitando de un Estado de derecho a un régimen donde la fuerza sustituye a la ley.
Y por eso es indispensable la investigación absoluta y sin matices de lo que sea que esté ocurriendo con las personas privadas de libertad, porque sin verdad, sin responsabilidades claras y sin control externo no hay garantía posible ni para ellos ni para el resto de la sociedad.
