Cooperativas piden seriedad al Poder Judicial y reclaman que el OIJ determine técnicamente si realmente existió el perjuicio económico que dio origen al caso
A dos años de los 28 allanamientos que dieron inicio a la fase pública del denominado caso Barrenador, las cooperativas de salud continúan esperando una prueba que consideran elemental: un peritaje contable forense realizado mediante los especialistas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que determine si realmente existieron los supuestos sobreprecios atribuidos a sus ofertas.
La interrogante resulta especialmente relevante porque una de las principales hipótesis económicas utilizadas en la investigación sostiene que las ofertas para administrar 138 Ebáis significaban para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un incremento de aproximadamente ₡12.400 millones anuales.
Sin embargo, las cooperativas cuestionan desde 2024 la metodología utilizada para obtener esa cifra y han solicitado reiteradamente que los números sean sometidos a una revisión pericial independiente.
Dos años después de los allanamientos del 23 de setiembre de 2024, el reclamo permanece.
La propia Fiscalía reconoció, al responder a cuestionamientos de Coopesalud en noviembre de 2025, que no existía ningún informe pericial del OIJ que concluyera que se habían manipulado las tablas contables utilizadas por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS. Al mismo tiempo, sostuvo que la causa continuaba respaldada por prueba sólida y que el OIJ mantenía el análisis de evidencia relevante.
Para las cooperativas, precisamente ahí está el problema: analizar evidencia no sustituye un peritaje económico que responda cuánto costaban realmente las ofertas y si existía o no un sobreprecio.
Dos años y la pregunta fundamental sigue sin respuesta
Barrenador se convirtió en uno de los operativos judiciales de mayor exposición pública de los últimos años.
Hubo allanamientos, detenciones, decomiso de computadoras y documentos, medidas cautelares, investigaciones administrativas y posteriormente meses de comparecencias ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa.
Pero la controversia económica continúa girando alrededor de una pregunta sorprendentemente sencilla:
¿Hubo realmente sobreprecio?
El propio Poder Judicial ha dejado documentado el origen de la cifra.
Un informe de la Sección de Anticorrupción del OIJ incorporado posteriormente a una resolución judicial señala que las ofertas fueron sometidas a un estudio financiero realizado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS.
Ese estudio determinó que los precios eran “excesivos” y calculó un incremento mensual de aproximadamente ₡1.033 millones y anual de ₡12.400 millones respecto del costo que entonces tenía la prestación del servicio.
Ese cálculo se convirtió en uno de los elementos económicos fundamentales del expediente.
Pero fue elaborado por la CCSS.
No por peritos contables del OIJ.
“Que el Ministerio Público haga su trabajo”
Coopesalud viene reclamando precisamente esa comprobación.
Su abogado, Sergio Castillo Quesada, ha solicitado públicamente que el Ministerio Público ordene un informe contable forense que revise integralmente las ofertas y determine si los números que dieron origen a Barrenador son correctos.
La cooperativa incluso aportó un peritaje privado que cuestiona la metodología empleada por Contabilidad de Costos.
Castillo ha planteado que, si la Fiscalía sostiene que existió un perjuicio económico, corresponde comprobarlo mediante especialistas.
En declaraciones divulgadas por Panorama Digital, el abogado pidió expresamente que “el Ministerio Público haga su trabajo” y realice el informe contable forense.
La cooperativa sostiene que puede demostrar que, al analizar globalmente los costos, no existió el sobreprecio atribuido a las ofertas.
La conclusión de un peritaje contratado por una de las partes no puede asumirse automáticamente como verdad judicial.
Pero justamente por eso las cooperativas reclaman que el OIJ haga el suyo.
De ₡12.400 millones de sobreprecio a ₡4.200 millones de supuesto ahorro
La diferencia entre ambas tesis es enorme.
En octubre de 2024, apenas días después de los allanamientos, Castillo denunció públicamente que el estudio de Contabilidad de Costos había omitido información que, según los cálculos de Coopesalud, habría permitido determinar un beneficio superior a ₡4.200 millones anuales para la CCSS.
La Fiscalía investigaba un supuesto sobreprecio de ₡12.400 millones.
Coopesalud alegaba un ahorro superior a ₡4.200 millones.
Entre ambas posiciones existe una diferencia económica de más de ₡16.000 millones.
Resolver técnicamente esa contradicción parece fundamental para determinar la existencia y eventual magnitud de un perjuicio económico.
La propia Caja había concluido que asumir los servicios era más caro
Existe además un antecedente institucional que hace todavía más necesaria esa revisión.
En 2020, cuatro años antes de Barrenador, la propia CCSS estudió la posibilidad de asumir directamente servicios administrados por terceros.
El denominado Estudio de Inviabilidad para la Prestación de Servicios de Salud determinó que institucionalizar esas áreas podía representar para la Caja entre ₡16.000 millones y ₡26.000 millones adicionales por año.
En el escenario más elevado, prestar directamente los servicios resultaba hasta 60% más caro.
Otro estudio institucional de 2015 había llegado a resultados similares al comparar costos unitarios de servicios prestados directamente por la Caja con aquellos administrados por terceros.
Los estudios corresponden a años, contratos y condiciones diferentes, por lo que sus cifras no pueden trasladarse mecánicamente a la licitación investigada en Barrenador.
Pero constituyen un antecedente relevante: la propia CCSS había concluido históricamente que asumir directamente esos servicios podía costarle considerablemente más que contratarlos externamente.
Precisamente un peritaje forense permitiría determinar qué cambió entre aquellos estudios y el análisis utilizado posteriormente para sostener que las ofertas representaban ₡12.400 millones adicionales.
Más de mil trabajadores en medio de la incertidumbre
Detrás del expediente tampoco existen solamente funcionarios, abogados y hojas de cálculo.
Las cooperativas de salud sostienen una estructura laboral de más de mil trabajadores vinculados a la prestación de estos servicios.
El análisis de institucionalización realizado por la CCSS en 2020 hablaba entonces de alrededor de 1.200 trabajadores y aproximadamente medio millón de asegurados atendidos bajo el modelo.
En la contratación investigada en Barrenador, solamente Coopesalud señaló posteriormente que los servicios involucrados alcanzaban a más de 587.000 personas.
Dos años de investigación tienen, por tanto, consecuencias que trascienden a los imputados: mantienen bajo incertidumbre un modelo de atención primaria, empresas cooperativas, trabajadores y cientos de miles de usuarios.
Cooperativas piden seriedad
El reclamo de las cooperativas al Poder Judicial es ahora que la investigación avance sobre evidencia técnica y no permanezca indefinidamente alrededor de los cálculos que originalmente produjeron otras dependencias públicas.
La Fiscalía rechaza que su investigación se encuentre desacreditada.
En noviembre de 2025, la FAPTA sostuvo que la causa permanecía respaldada por prueba sólida, negó que estuviera fundamentada en una manipulación de datos y afirmó que el estudio de Contabilidad de Costos había sido validado por dependencias de la Contraloría General de la República.
Pero esa posición tampoco responde por sí sola la pregunta contable.
Una validación administrativa o una nota técnica de la Contraloría no necesariamente equivale a un peritaje contable forense practicado dentro de una investigación penal para establecer la existencia y cuantía del supuesto perjuicio.
Después de dos años, esa diferencia adquiere peso.
El Ministerio Público movilizó investigadores, ejecutó 28 allanamientos, solicitó medidas cautelares y mantiene abierto un expediente por delitos graves.
La Asamblea Legislativa dedicó meses a investigar el caso.
Funcionarios, directivos y cooperativistas han permanecido durante dos años sometidos a una investigación penal de enorme exposición pública.
Y más de mil trabajadores vinculados a las cooperativas continúan relacionados con un modelo cuya continuidad ha estado bajo discusión.
Las cooperativas no están pidiendo que el Ministerio Público acepte sus números.
Están pidiendo que haga los suyos.
Que especialistas independientes del OIJ revisen las ofertas, los costos históricos, las obligaciones incorporadas en los nuevos contratos, la metodología utilizada por Contabilidad de Costos y los estudios aportados posteriormente.
Y que respondan técnicamente la pregunta que dio origen a Barrenador:
¿Hubo o no hubo sobreprecio?
A dos años de los allanamientos, esa respuesta sigue siendo fundamental para esclarecer el caso.
