La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó en primera legislatura una nueva reforma constitucional que, entre otras cosas, extiende de seis a siete años el mandato de Ortega y Murillo, y elimina la participación de la oposición política.
La enmienda fue aprobada a mano alzada durante una sesión solemne de la Asamblea Nacional, realizada en la plaza Juan José Quezada, del departamento de León. Contó con el respaldo de todos los legisladores y, en un acto populista, le dieron la palabra al “pueblo presidente”.
La aprobación de la reforma se da luego de un mes de supuestas consultas, en las que la Comisión Especial de Carácter Constitucional presentó algunas ideas de los cambios a implementar en el país. En ese proceso participaron cinco hijos, una nuera y un consuegro de Ortega y Murillo, así como decenas de funcionarios subordinados.
El documento de la reforma constitucional permaneció oculto por el régimen hasta el momento de su aprobación en el departamento de León, cuando finalmente fue leído públicamente por el presidente de la Asamblea, el sandinista Gustavo Porras.
“Nuestra democracia trasciende el mero ejercicio del voto”, advirtió Porras. “El pueblo presidente considera que estas reformas representan una garantía para que las y los vendepatrias, las y los golpistas, y aquellos que pongan en riesgos los principios fundamentales de nuestra Constitución Política no pueden ni podrán participar en la vida política nacional”, sentenció.
Con esta reforma fueron modificados los artíulos: 12, 47, 122, 123, 132, 142, 143, 150, 152, 155, 164 y 166, de la carta magna.
La reforma constitucional conocida como “parche” a la Constitución “Chamuca” fue anunciada por Ortega durante el acto del 19 de julio de 2026, cuando decretó que “no habrá” elecciones en el país.
En ese acto, el dictador ordenó cambios legales para poner un “muro” a quienes califica como “golpistas” y “vendepatrias”, con el fin de evitar que vuelvan a disputar el poder por la vía electoral.
Los cambios constitucionales
Entre los cambios a implementar en el país destaca la ampliación del periodo presidencial de seis a siete años, de tal manera que las próximas elecciones nacionales quedaron establecidas para el año 2028. Este cambio también beneficia a los diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
De igual manera, se amplía de seis a siete años el mandato de los alcaldes, vicealcaldes y concejales en los 153 municipios del país. Las próximas elecciones municipales fueron trasladadas al año 2029.
También se amplió a siete años el periodo de los jefes del Ejército, de la Policía Nacional y de todos los funcionarios que sean nombrados por la Presidencia o la Asamblea Nacional.
Con la reforma, se elevó a rango constitucional la prohibición de la participación política de personas consideradas “traidoras de la patria” y el rechazo a la extraterritorialidad de leyes extranjeras en Nicaragua.
Además, se cambió la fecha de la toma de posesión presidencial, del 10 de enero al 18 de enero, en homenaje al poeta y héroe nacional Rubén Darío.
