La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa enterró el expediente N.° 24.840, que proponía implementar el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas con altos contenidos de nutrientes críticos.
La iniciativa, denominada Ley de Etiquetado Frontal con Advertencias Nutricionales, fue presentada por Andrea Álvarez Marín (PLN) y buscaba que los consumidores pudieran identificar de forma rápida y sencilla cuando un producto contuviera exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas o grasas trans, mediante sellos de advertencia colocados en la parte frontal del empaque.
El texto también contemplaba advertencias específicas para productos que contuvieran edulcorantes o cafeína, indicando que su consumo no era recomendable para niños. Finalmente, el proyecto establecía que la obligación aplicaría tanto a productos fabricados en Costa Rica como a los importados y facultaba al Ministerio de Salud para fiscalizar el cumplimiento de la normativa e imponer sanciones en caso de incumplimiento.
No obstante, la iniciativa fue enterrada por la Comisión Legislativa presidida por Wilson Jiménez y Zaira Murillo Marín (Pueblo Soberano). La iniciativa también fue rechazada por Isabel Camareno y Gerald Bogantes.
Los chavistas se sumaron a los pronunciamientos realizados por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Cámara de Industrias y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), los cuales aseguraron que dicha medida podría afectar a las pequeñas y medianas empresas nacionales.
Únicamente fue respaldada por las liberacionistas Janice Sandí, Karol Matamoros
Los impulsores de la propuesta argumentaban que el etiquetado frontal permitiría a la población contar con información más clara y visible al momento de realizar sus compras, favoreciendo decisiones de consumo más informadas y contribuyendo a la prevención de enfermedades asociadas con una alimentación poco saludable.
Sin embargo, con el archivo del expediente por parte de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, la iniciativa queda fuera de la corriente legislativa, por lo que, si se desea retomar la propuesta, deberá presentarse un nuevo proyecto de ley para reiniciar el trámite desde cero.
