San José, 9 de junio de 2026 – La estructura que por años ha sido el símbolo de la modernización de las telecomunicaciones en el país, el edificio Jorge Manuel Dengo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), enfrenta su etapa más incierta: el Gobierno de la República analiza actualmente la posibilidad de demoler la edificación ante informes técnicos que la señalan como un riesgo para la seguridad de vidas.
Aunque la discusión ha ganado relevancia pública esta semana, la vulnerabilidad del inmueble no es una novedad.
Según información oficial de la institución, desde 2015 se han realizado diagnósticos estructurales que alertan sobre deficiencias críticas.
Estos estudios técnicos, que incluyen análisis realizados en 2018, 2021 y 2023, coinciden en que el edificio ya no cumple con los estándares mínimos de seguridad.
Ante este panorama, la administración actual sostiene que cualquier intento de modernización o refuerzo estructural sería inviable sin mantener la edificación totalmente desocupada, lo que coloca a la demolición como la opción más viable.
A pesar de la sensibilidad del tema, el conflicto no ha escalado hacia un enfrentamiento gremial.
Representaciones sindicales como Acotel han validado la importancia de los criterios técnicos emitidos, reconociendo que la integridad física del personal es el eje que justifica la actual política de desocupación.
Desde diciembre de 2024, la institución inició el traslado paulatino de sus colaboradores hacia otras sedes, una medida que el jerarca del ICE, Marco Acuña, ha defendido como una acción preventiva obligatoria para evitar una catástrofe ante eventos sísmicos o fallas sistémicas.
La eventual demolición pone sobre la mesa interrogantes de alto impacto para la gestión pública.
Resulta imperativo esclarecer el costo final de esta decisión tras una década de diagnósticos acumulados sin una solución definitiva, así como el destino que tendrá el terreno, dada su ubicación estratégica y su alto valor comercial en Sabana Norte.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha aclarado si el espacio se destinará a una nueva sede institucional, si será licitado o si se integrará a otros planes de desarrollo.
Asimismo, la dispersión administrativa del personal, ahora reubicado en diversas oficinas, ha generado dudas sobre el gasto en alquileres que enfrenta la institución frente a la pérdida de un activo propio.
Mientras la administración termina de definir la hoja de ruta, el caso del edificio Dengo se consolida como uno de los retos de gestión de activos más complejos de la actual administración.
El desenlace de esta evaluación será una prueba de fuego sobre la capacidad del Gobierno para optimizar el patrimonio estatal sin comprometer la seguridad ni el bolsillo de los costarricenses.
