ElConfidencial. – Nicaragua se ubicó entre los seis países de América Latina que han promulgado leyes que restringen “de manera indebida la creación, existencia y actuación” de organizaciones sociales. Práctica que está “deteriorando el tejido social” y teniendo “un impacto profundamente dañino” en la sociedad civil, según Amnistía Internacional (AI).
El país habría sido el primero en el continente americano en adoptar, en 2018, “un conjunto de normas que han servido de base para la cancelación de más de 5634 organizaciones, de un total de 7227 registradas en 2018”, señaló el organismo en su informe Rompiendo el Tejido Social, divulgado el 23 de marzo de 2026.
Otros países de la región que han seguido la tendencia de acallar a las organizaciones sociales son: Perú, Paraguay, Venezuela, El Salvador y Ecuador. Todos ellos promulgaron, entre 2020 y 2026, leyes similares que “sobrerregulan” el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, principalmente las que defienden derechos fundamentales y brindan ayuda humanitaria.
En el caso de Nicaragua, Amnistía Internacional estudió el impacto de la Ley 1040 sobre la Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada en 2020, y la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, aprobada en 2022.
“Desde el momento que son presentadas, estas leyes tienen un impacto profundamente dañino en la sociedad civil ya que vienen acompañadas de narrativas estigmatizantes que implican que las organizaciones son una amenaza para la nación o que realizan actividades sospechosas o ilegales, o que defienden a criminales”, se lee en el informe.
Estas leyes, además, “generan incertidumbre y miedo por las posibilidades de recibir sanciones o, incluso, ser disueltas”, remarca AI.
Aumento de prácticas arbitrarias
La directora de AI para las Américas, Ana Piquer, dijo a la agencia EFE que existe un “aumento significativo en lo que llamamos prácticas autoritarias en diferentes medidas”, que restringen la labor de personas que defienden los derechos humanos, de personas que son identificadas como disidencias a los Gobiernos y “eso se ha manifestado en un cierre del espacio cívico”.
La abogada señaló que las disposiciones de estas leyes buscan “ahogar financiera y administrativamente” a las organizaciones al “exigirles requisitos que son tan complejos que finalmente hacen que la organización esté casi que dedicada a cumplirlos”.
Piquer citó como ejemplo de esto a la Ley de Agentes Extranjeros promulgada en 2025 en El Salvador, que ordena un 30% de impuestos sobre las transacciones internacionales de las oenegés que operan en ese país.
“Eso, sumado a otros impuestos a los que ya estaban sujetas, puede significar que paguen más de la mitad de sus ingresos en impuestos. Ya casi que no pueden cumplir su labor, su presupuesto no da”, agregó.
“En el caso de Ecuador, la narrativa estigmatizante fue muy brutal, se sumó en un contexto de protestas”, afirmó al respecto Piquer, al tiempo que aseveró que en ese país, en el marco de la ley que regula a las oenegés, se cerraron las cuentas bancarias de muchas organizaciones, causando su parálisis financiera.
Patrones en común
El informe de AI sostiene que las leyes anti-onegés en los seis países comparten “narrativas estigmatizantes como antesala a la legislación”. Debido a que su aprobación fue acompañada por discursos oficiales que describieron a las organizaciones como actores “sospechosos”, “enemigos internos”, “antipatrias” o “interferencias extranjeras”, entre otros.
Estas leyes también fueron aprobadas sin consulta pública ni diálogo técnico o social adecuados. Aunque se presentaron como herramientas de transparencia, regulación o protección de la seguridad nacional, no garantizan tales fines y, en cambio, imponen controles y restricciones desproporcionadas que obstaculizan la labor de las organizaciones.
Los textos legales aprobados “contienen definiciones amplias y confusas sobre las organizaciones alcanzadas, los requisitos exigidos y las prohibiciones impuestas”, valora el organismo. Esta falta de precisión, agregan, “vulnera el principio de legalidad y genera inseguridad jurídica permanente”.
También señalan la imposición de registros obligatorios o modificación de los existentes, para transformarlos en mecanismos de autorización previa, prohibidos por estándares internacionales, que condicionan el funcionamiento de las organizaciones a la aprobación estatal.
Otros patrones comunes en estas leyes anti-onegés son: la imposición de requisitos y cargas administrativas exorbitantes, control directo e indirecto del financiamiento, riesgos a la privacidad y seguridad, sanciones desproporcionadas e incompatibles con el derecho internacional, disolución, suspensión e inhabilitación de organizaciones y la criminalización de integrantes y personas defensoras.
Recomiendan derogación de leyes
En ese sentido, la jefa de IA para las Américas sostuvo que las leyes anti-oenegés en los seis países comparten sus aprobaciones “de manera exprés, sin debate, sin participación de la sociedad civil, con conceptos extremadamente vagos y con discursos muy estigmatizantes en contra de las organizaciones”, que suelen ser señaladas de “antipatria” sin base.
También apuntó que los países analizados están en “diferentes lugares del espectro político”.
De igual forma, Piquer explicó que AI recomienda “la reforma o derogación de estas legislaciones” en todos los casos, por considerar que vulneran los derechos humanos y tratados internacionales que los mismos Estados han ratificado.
“La recomendación es que esto se tiene que revertir, esto se tiene que modificar”, insistió Piquer, tras sentenciar que las oenegés realizan sus labores humanitarias donde los Estados no llegan.
