La bancada del Frente Amplio y la diputada independiente Kattia Cambronero, pidjeron a la Contraloría General de la República (CGR) la apertura de una investigación especial sobre el nombramiento interino de Víctor Carvajal Porras como director ejecutivo del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
Carvajal fue designado en el cargo sin mediar concurso previo. Lo anterior ocurre pese a que el Consejo Rector había iniciado un proceso concursal para nombrar a la persona que encabezaría el SBD con 105 personas.
Además, Carvajal no cumpliría con lo establecido en la Ley 8634, que establece que quien ocupe el cargo debe acreditar al menos cinco años de experiencia en el cargo. Como si fuera poco, también se requerían conocimientos en regulación y normativa emitida por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y otros órganos, una maestría en Desarrollo Económico, políticas públicas o áreas afines, elementos que también estaría incumpliendo.
El entonces ministro de Agricultura participó como postulante en el proceso de reclutamiento mientras formaba parte del Consejo Rector encargado de conocer y decidir sobre ese mismo cargo, lo que podría configurar un conflicto de interés.
Asimismo, se cuestiona la participación de la viceministra en decisiones vinculadas al concurso, ante la ausencia de una base normativa expresa que habilite su sustitución en este tipo de casos.
Para las diputaciones, esos hechos generan serias dudas sobre la regularidad jurídica del procedimiento y el cumplimiento del principio de probidad en la función pública.
“Básicamente la viceministra votó para elegir en un puesto con un mayor sueldo a su propio jefe. Sin ella poder hacerlo, ni siquiera tuvo la ética para abstenerse de votar. Sumado a esto, la ministra de Economía Patricia Rojas recurrió al criterio de urgencia para nombrar a Víctor Carvajal en el puesto de manera interina ante la falta de quórum, es decir, un nombramiento sin quórum”, señaló el diputado Antonio Ortega.
En el oficio presentado se solicita a la Contraloría valorar la regularidad del procedimiento, la eventual existencia de ventajas indebidas, el cumplimiento de los requisitos para el cargo y la conformidad de las actuaciones del Consejo Rector con los principios de legalidad, transparencia, igualdad y mérito.
