Más de 500 personas y distintas organizaciones sociales de Costa Rica y Panamá, respaldaron un pronunciamiento que exige al Estado costarricense garantizar condiciones dignas de vida, trabajo y protección social para las personas indígenas Ngäbe-Buglé que cada año participan en las cosechas de café.
El pronunciamiento fue presentado públicamente por el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA), el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Observatorio de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la UCR.
La iniciativa surge luego de que se conociera que 19 personas menores de edad Ngäbe-Buglé fallecieron entre 2020 y 2026 durante las cosechas de café en la región de Los Santos.
Según el pronunciamiento, un oficio de la Unidad Regional de Los Santos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala que muchas de esas muertes estuvieron asociadas con enfermedades prevenibles, dificultades de acceso a servicios de salud, falta de seguimiento institucional y condiciones que pudieron evitarse mediante una adecuada acción estatal.
Asím las organizaciones sostienen que los fallecimientos no deben entenderse como hechos aislados, sino como una expresión de las desigualdades que enfrentan las familias indígenas migrantes durante las temporadas de cosecha.
“Resulta profundamente preocupante que una actividad económica reconocida internacionalmente por la calidad del café costarricense continúe dependiendo en buena parte del trabajo de miles de personas indígenas migrantes que siguen enfrentando condiciones de vulnerabilidad incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”, señala el documento.
De acuerdo con datos del Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM), administrado por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), entre 2020 y 2025 fueron registradas 42.995 personas panameñas que llegaron a Costa Rica como trabajadoras agrícolas temporales.
Las organizaciones presumen que la totalidad de esas personas son indígenas Ngäbe-Buglé que llegan al país para participar en la recolección de café. Del total registrado, 7.951 eran niñas y niños, lo que representa el 18,5%.
El pronunciamiento también recuerda que en agosto de 2020, durante la pandemia de COVID-19, más de un centenar de organizaciones y personas ya habían advertido sobre las condiciones de vulnerabilidad de esta población.
En aquel momento se señalaron problemas relacionados con el alojamiento, el acceso a servicios de salud, la falta de inspecciones laborales, la ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento institucional y la exposición de mujeres embarazadas, niñas y niños a condiciones de riesgo. Seis años después, las organizaciones consideran que esas preocupaciones continúan vigentes.
Poca efectividad del Estado
El documento también cuestiona la efectividad de los mecanismos institucionales existentes, incluido el “Protocolo general para la atención de la migración laboral para la época de cosechas”, cuya versión más reciente corresponde a mayo de 2024.
Ese protocolo involucra a los ministerios de Salud; Trabajo y Seguridad Social (MTSS); Agricultura y Ganadería (MAG); Gobernación y Policía, así como a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Las organizaciones señalan que, pese a la existencia de ese instrumento, la información sobre las muertes de personas menores de edad evidencia que persisten condiciones que no garantizan una protección adecuada para las familias indígenas migrantes.
“Como sociedad debemos preguntarnos cómo es posible que niñas y niños continúen falleciendo por causas prevenibles en un país que cuenta con un sistema público de salud ampliamente reconocido y con instituciones responsables de la protección de los derechos laborales, la salud pública, la niñez y las poblaciones migrantes”, plantea el pronunciamiento.
Las organizaciones solicitaron al Gobierno de la República, al Ministerio de Salud, al MTSS, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a la DGME, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a los gobiernos locales y al Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) adoptar acciones inmediatas y coordinadas antes de la próxima temporada de cosecha.
Entre las principales demandas se encuentra investigar integralmente las circunstancias que rodearon la muerte de las personas menores de edad Ngäbe-Buglé y determinar las eventuales responsabilidades institucionales. También pidieron fortalecer la atención primaria en salud, la vacunación, el seguimiento epidemiológico y la atención materno-infantil durante toda la temporada cafetalera.
El pronunciamiento reclama, además, inspecciones periódicas sobre las condiciones de alojamiento, transporte, contratación y trabajo en las fincas y albergues utilizados durante las cosechas. Las organizaciones también exigieron garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, sanitaria, migratoria y de seguridad social aplicable a las personas trabajadoras indígenas migrantes.
Otro de los llamados consiste en establecer mecanismos permanentes de coordinación entre instituciones públicas, organizaciones indígenas Ngäbe-Buglé, comunidades receptoras, empresas cafetaleras y organizaciones defensoras de derechos humanos. Asimismo, solicitaron que se publique información periódica y transparente sobre las condiciones de salud, trabajo, alojamiento y protección de derechos de la población trabajadora indígena migrante.
El pronunciamiento también pide que las empresas cafetaleras y los demás actores de la cadena de comercialización asuman su responsabilidad en el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas trabajadoras que sostienen esta actividad económica.
Además, solicita al MTSS construir un registro permanente de la cadena de valor del café que permita identificar a las empresas principales, contratistas, intermediarios y demás actores que se benefician del trabajo de la población migrante e indígena, así como geolocalizar las fincas y los alojamientos de las personas trabajadoras.
El objetivo, según las organizaciones, es facilitar el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones legales y establecer responsabilidades específicas ante situaciones como las muertes de personas menores de edad.
Entre las personas firmantes del pronunciamiento se encuentran la escritora Ana Cristina Rossi, el músico Manuel Obregón y las cantautoras Guadalupe Urbina, Maf e Tula y Luz María Romero.
“Las personas indígenas Ngäbe-Buglé no constituyen únicamente la fuerza laboral que hace posible una parte significativa de la producción cafetalera nacional. La muerte de niñas y niños por causas prevenibles constituye una señal de alarma que exige respuestas inmediatas”, concluye el pronunciamiento.
