La diputada Marta Eugenia Esquivel presentó una denuncia penal contra la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, por el presunto uso de recursos públicos para asumir la defensa personal de funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR).
La denuncia fue presentada este lunes ante el Ministerio Público y atribuye a la contralora Acosta la presunta comisión del delito de peculado de servicios, tipificado en el artículo 361 del Código Penal, así como cualquier otro ilícito que pudiera derivarse de los hechos denunciados.
La acción penal también solicita investigar la eventual responsabilidad de otros funcionarios de la Contraloría.
El origen
El caso se origina en un proceso judicial relacionado con actuaciones de la CGR vinculadas con una licitación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la gestión de diez áreas de salud, en la que resultaron adjudicatarias las cooperativas Coopesalud R.L., Coopesana R.L. y Coopesain R.L. Dicha gestión generó, posteriormente, el denominado “Caso Barrenador”.
De acuerdo con la denuncia, el proceso se remonta a la adjudicación de la licitación mayor N.º 2023LY-000002-0001101142. Tras la adjudicación, la Contraloría ordenó investigar la razonabilidad de los precios y, posteriormente, funcionarios de la institución elaboraron una nota técnica relacionada con el procedimiento.
La denuncia cuestiona particularmente la Nota Técnica N.º DFOE-BIS-NT-00001-2024, elaborada por funcionarios de la Contraloría, y sostiene que esta habría validado de manera presuntamente complaciente un informe de costos de la CCSS.
La diputada afirma que los funcionarios se apartaron de la regla cartelaria y desaplicaron disposiciones de la Ley General de Contratación Pública. Además, la denuncia califica como inusual la rapidez con la que se produjo el traslado de la nota técnica a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Según el documento, el 17 de julio de 2024 los fiscalizadores Carlos Morales Castro, Leonardo Jiménez Cascante, Marco Vinicio Quirós Morales y Ricardo Rodríguez Hernández firmaron la nota técnica a las 10:50:56 a. m. Veintiséis minutos después, a las 11:17 a. m., la Gerente de Fiscalización, Carolina Retana Valverde, remitió el documento al Área de Investigación Ciudadana Posteriormente, a las 12:45:24 p. m., el Gerente de Investigación, Rafael Picado López, envió la nota técnica a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, donde se acumuló a la causa penal N.º 24-000267-1218-PE.
La denuncia sostiene que, tras esas actuaciones, las cooperativas de salud presentaron denuncias administrativas contra funcionarios de la Contraloría. Sin embargo, el documento afirma que el auditor interno de la institución, Jorge Alberto Suárez Esquivel, archivó la denuncia.
Posteriormente, el 23 de julio de 2025, la contralora general Marta Acosta Zúñiga declaró sin lugar un recurso de apelación mediante la resolución R-DC-00080. Según la diputada, esa resolución habría convalidado las actuaciones de los funcionarios cuestionados y cerrado la vía administrativa.
El proceso Judicial
El caso llegó posteriormente a la jurisdicción contencioso-administrativa. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dictó, el 8 de diciembre de 2025, el auto inicial de un proceso de conocimiento bajo el expediente N.º 25-007908-1027-CA-3.
En ese proceso figuran como partes demandadas el Estado y la Contraloría General de la República.
Sin embargo, la denuncia destaca que también fueron demandados de manera personal varios funcionarios de la institución, debido a la eventual determinación de responsabilidades civiles y personales por presunta culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones. La lista incluye a Carlos Morales Castro, Leonardo Jiménez Cascante, Marco Vinicio Quirós Morales, Ricardo Rodríguez Hernández, Carolina Retana Valverde y Rafael Picado López.
Es precisamente en este punto donde la diputada cuestiona la actuación de la Contralora General: De acuerdo con la denuncia, una vez que la Contraloría fue notificada del proceso, Acosta asignó inicialmente a abogados de la División Jurídica para asumir la defensa institucional de la CGR. Sin embargo, posteriormente habría ordenado que esos mismos abogados asumieran también la representación y defensa legal de los funcionarios demandados a título personal.
El documento señala que los abogados Jaínse Marín Jiménez y Daisy Carvajal Gutiérrez fueron asignados para la defensa institucional de la Contraloría y que, en un segundo momento, pasaron a representar también a los funcionarios demandados individualmente.
La diputada considera que esta actuación podría constituir un uso indebido de servicios pagados por la Administración Pública.
“La utilización de la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR) como un área de defensa legal personal para funcionarios demandados a título individual” constituye, según la denuncia, una “desviación” de recursos públicos y humanos de la institución.
La acusación sostiene que los funcionarios demandados no enfrentan únicamente una controversia contra la institución, sino que fueron incluidos personalmente en el proceso judicial para determinar eventuales responsabilidades civiles y personales.
Por esa razón, Esquivel afirma que la defensa de esas personas no necesariamente corresponde a la defensa institucional de la Contraloría.
La acción penal
La acción penal presentada ante la Fiscalía acusa a la contralora de haber utilizado servicios profesionales financiados con fondos públicos en beneficio de funcionarios que enfrentan una demanda personal. La denuncia invoca el delito de peculado de servicios, previsto en el artículo 361 del Código Penal.
Según la acusación, esa figura sanciona al funcionario público que utilice, en beneficio propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública.
“La División Jurídica de la CGR tiene como fin la defensa de los intereses superiores del órgano del Estado, no operar como un bufete privado y gratuito para cubrir la responsabilidad civil personal de funcionarios demandados a título individual”, sostiene el documento presentado ante el Ministerio Público.
La diputada también cuestiona que la Contraloría pueda utilizar circulares o reglamentos internos para ampliar las competencias de su División Jurídica. En particular, la denuncia menciona el artículo 16, inciso c), del Reglamento Orgánico de la CGR y la Circular interna N.º DJ-2063-2023, instrumentos que, según Esquivel, habrían sido utilizados como fundamento para que los abogados institucionales asumieran la defensa de los funcionarios.
La legisladora sostiene que una normativa interna no puede otorgar facultades que contradigan el principio de legalidad.
La denuncia afirma que el uso de horas laborales, salarios y trabajo profesional de abogados pagados con fondos públicos para defender a particulares podría constituir una distracción ilegítima de servicios públicos en favor de terceros.
“Utilizar las horas laborales, salarios y el intelecto de profesionales pagados por el erario para el blindaje de particulares —aun siendo empleados— frente a demandas personales constituye una distracción ilegítima de servicios públicos en favor de terceros”, señala el documento.
Otro de los argumentos planteados por Esquivel se relaciona con el principio de probidad y la igualdad ante la ley. La diputada sostiene que los ciudadanos y demás administrados deben asumir con sus propios recursos la defensa frente a procesos judiciales que les atribuyan responsabilidades personales. Sin embargo, en el caso denunciado, los funcionarios de la Contraloría contarían con abogados pagados por la institución pública.
“Mientras los administrados deben sufragar con recursos propios su defensa ante los actos de la CGR, la Jerarca utiliza los fondos públicos de los contribuyentes para defender a los presuntos infractores”, afirma la denuncia.
El documento también rechaza que la estabilidad laboral o las garantías del debido proceso interno puedan utilizarse como justificación para que la institución asuma la defensa privada de funcionarios demandados personalmente. Según la diputada, la estabilidad laboral no exime a los funcionarios de responder con su propio patrimonio o de contratar defensas técnicas privadas cuando sean demandados individualmente en la jurisdicción contencioso-administrativa.
La diputada solicitó formalmente al fiscal general de la República que tenga por presentada la denuncia y que se inicie una investigación penal preparatoria. También solicita establecer si existió una afectación económica al erario público por el uso de los servicios profesionales de la División Jurídica de la Contraloría.
