Redacción. – Lo que 14 alcaldes de la gran Área Metropolitana (GAM) presentaron esta semana como un “acercamiento” al Gobierno es, en el fondo, una súplica para ganar tiempo en un problema que dejaron crecer durante años: la basura.
La carta, liderada por la Municipalidad de San José y respaldada por cantones como Heredia, Desamparados, Curridabat, Goicoechea y Escazú, solicita una reunión con el Ejecutivo para discutir cómo cumplir, “en términos y plazos razonables”, con el Decreto Ejecutivo N.° 44974-S sobre la gestión regionalizada de residuos sólidos.
Los alcaldes alegan que los plazos establecidos por el Ministerio de Salud son “inviables” y piden construir una hoja de ruta con etapas más realistas.
En su planteamiento, proponen un esquema técnico que permita avanzar a mediano y largo plazo, sin trasladar “impactos desproporcionados” a las finanzas municipales ni al bolsillo de los contribuyentes.
Pero detrás de la solicitud emerge una verdad incómoda: durante décadas, los gobiernos locales postergaron la inversión en infraestructura para separación y tratamiento, se conformaron con enviar casi todo a rellenos sanitarios y fallaron en sostener campañas de educación ambiental.
Hoy, con un decreto que exige medidas concretas, se ven obligados a admitir que no pueden cumplir.
La realidad golpea fuerte: Costa Rica produce más de 4.000 toneladas de desechos al día, de las cuales apenas una fracción se recicla.
Mientras tanto, los rellenos del GAM están cada vez más cerca del colapso, y los contribuyentes no ven reflejados en el servicio los cobros municipales que pagan religiosamente.
El alcalde de San José, Diego Miranda, trató de dar un tono conciliador al señalar que el presidente está “anuente a dialogar” y que se trata de un “tema país”. Sin embargo, el reconocimiento es claro: los plazos son imposibles de cumplir porque las municipalidades no hicieron la tarea a tiempo.
En la misiva, los gobiernos locales insisten en que buscan un “punto de equilibrio” que les permita empezar a cumplir las etapas de gestión de residuos con plazos realistas y metas verificables. Mientras tanto, siguen articulando reuniones técnicas entre ellos para consensuar propuestas y mecanismos de transición.
El problema es que el tiempo perdido ya no se recupera. Lo que los alcaldes llaman “diálogo” es, en realidad, la evidencia de un rezago estructural. El país no puede seguir atrapado en el ciclo de pedir prórrogas para problemas que la ciudadanía enfrenta a diario con calles saturadas de basura y servicios deficientes.
La pelota está en la cancha de los municipios. De su capacidad para dejar atrás las excusas y ejecutar soluciones dependerá que esta carta no sea solo otra evidencia de que Costa Rica reaccionó tarde frente a su propia basura.
