Redacción. – El más reciente sondeo del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (CIOdD-UCR), realizado en agosto de 2025, confirma que Costa Rica se acerca a las elecciones de 2026 con un electorado profundamente fragmentado, crítico con la gestión del Gobierno y desconfiado de la oferta política.
De cara al proceso electoral, el sondeo muestra un escenario abierto: el 34% de la población aún no ha decidido por quién votará, un bloque de votantes que podría definir el resultado final.
En las preferencias partidarias, el Frente Amplio (22%) y el Partido Liberación Nacional (21%) se disputan el primer lugar, mientras que el oficialista Pueblo Soberano alcanza un 11% y la Coalición Agenda Ciudadana un 10%.
Al consultar por personas candidatas, la intención de voto se reparte principalmente entre Álvaro Ramos (PLN) con 24.7%, Ariel Robles (FA) con 20.8%, Claudia Dobles (CAC) con 17.2% y Laura Fernández (PPS) con 13.1%.
Sin embargo, un 11% de los consultados asegura que votará “por personas y no por partidos”, un dato que subraya la debilidad de las estructuras partidarias y el peso creciente del voto personalista.
El CIOdD-UCR advierte que estos resultados deben interpretarse como una radiografía de un electorado “digitalmente activo” y mayoritariamente urbano, no extrapolable a toda la población.
Más que entusiasmo, el sondeo refleja un clima de desencanto político, en el que los partidos tradicionales apenas logran sostener apoyos y las nuevas opciones todavía no consolidan confianza.
Un gobierno que no gusta…
La encuesta revela que el 76% de las personas consultadas califica de “mala” o “muy mala” la gestión de la administración Chaves Robles, con especial severidad en temas como seguridad (78%), corrupción (75%) y salud pública (74%).
Solo un 18% expresa opiniones positivas, lo que coloca al Ejecutivo en uno de sus niveles más bajos de aprobación desde 2022.
Cuando se preguntó por los principales problemas nacionales, la población colocó a la educación y calidad educativa como la prioridad número uno, seguida muy de cerca por la inseguridad y el crimen organizado, y luego la salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Este orden refleja un país donde la violencia y la percepción de deterioro en la seguridad pública se combinan con una creciente desconfianza hacia las instituciones sociales más emblemáticas.
Alonso Mejía.
