Por William Alberto Méndez Garita*
La Universidad de Costa Rica es una de las instituciones mejor valoradas por las y los costarricenses. Durante más de una década, las distintas mediciones del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), pero también internacionales, la califican como una de las mejores universidades del país y de la región.
Esa confianza es el resultado de décadas de apego a los principios que la rigen como institución de educación superior, la fidelidad a los supremos intereses de la patria, el fortalecimiento de la democracia, el respeto a la Constitución, las leyes y la búsqueda del bien común.
La UCR ha sido siempre garante indiscutible de la libertad, del pensamiento crítico, de la justicia, de la transparencia y la ética; ha sabido contribuir a abrir espacios y oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas.
Ha levantado la voz, ha emitido criterios técnicos expertos, ha promovido espacios de reflexión y diálogo sobre temas de fundamental importancia; ha realizado valiosos y decisivos aportes al desarrollo del país, a través de proyectos académicos, de investigación y de acción social, con la participación del estudiantado, personal docente y administrativo.
Sin embargo, las decisiones de la actual rectoría, en sus efímeros meses de gestión, han ido erosionando esa confianza y ponen en riesgo no sólo la legitimidad institucional como interlocutora, sino que también como garante de la ética, la transparencia y la rendición de cuentas.
Como politólogo y periodista me propuse consultar y escuchar a estudiantes, docentes y administrativos, pero también a personas externas a la Universidad, a muchos y muchas, para conocer sus percepciones.
La conclusión es simple y contundente: la crisis sobrepasó la capacidad y entendimiento de la rectoría, se deslegitimó a sí misma y hoy en día se ahoga en evasivas y reproches ayunos de argumentos.
Al interior de la Universidad impera la rabia, el dolor y la vergüenza; afuera, en la sociedad civil, la opinión casi generalizada es de molestia y enfado. Un país que amó a la Universidad ahora se siente traicionado.
La libertad de prensa ha sido determinante en informar al país sobre posibles irregularidades asociadas a la corrupción; el mostrar la preocupante crisis de índole político, caracterizada hoy por inexperiencia, errores, falta de rumbo, frivolidades y distanciamiento con la realidad nacional.
La situación que atraviesa la Universidad de Costa Rica no tiene como única variable los problemas legales de índole punitivo penal, que ha llevado a importantes sectores de la comunidad universitaria, a actores políticos y de la ciudadanía a exigir explicaciones sobre el uso de los recursos públicos, cosa que debe hacerse en forma urgente y sin excusas.
La Universidad debe buscar siempre la verdad y la justicia, la transparencia y la ética, jamás el culto a la personalidad, la opacidad en la gestión y la complicidad.
Desde el análisis histórico y coyuntural del caso, el Rector no es el primero ni será el último jerarca que enfrente una crisis. Sin embargo, en las condiciones actuales, cada movimiento suyo le hace más daño a la institución, en momentos en que es vital una Universidad con claridad y unida frente a los grandes retos que tenemos como país; una Universidad con capacidad de diálogo, negociación y credibilidad.
La mayor preocupación debe ser los y las estudiantes, razón de ser de la Universidad. Además, debe considerarse el malestar social y el repudio de muchos y muchas costarricenses que coinciden en la pérdida absoluta de legitimidad de la rectoría de la Universidad, no solo para futuras negociaciones sobre los fondos de la educación superior, sino como principal responsable de que esos recursos se utilicen racional, estratégica y eficientemente.
En síntesis, la perspectiva de muchas personas consultadas no se limitó a expresar puntos de vista, sino que incluye una demanda social, para que, con carácter urgente, el Rector reflexione profundamente sobre su accionar, considere su separación permanente y, de ser necesario, presente su renuncia irrevocable al cargo.
Coincido con esa perspectiva y petición de la ciudadanía. En este momento tan crítico, es esencial priorizar los intereses del país y la Universidad por encima de los personales o sectarios.
Hacerse a un lado es la consecuencia de una caída libre de la imagen de la rectoría, perdida del rumbo en la gestión, división y crisis interna que están llevando a la Universidad de Costa Rica por un camino catastrófico con efectos colaterales para la educación superior del país y el desarrollo nacional.
Será la justicia la que medirá la cuota de responsabilidad legal y personal de la rectoría u otras personas en todos los asuntos que se están ventilando. Será la historia la que dirá si separarse y renunciar al cargo fue lo correcto.
*El autor es Miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
