El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR) refutó la propuesta de realizar giras con centros educativos ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social a Centros de Alta Contención Contra el Crimen Organizado.
Desde la Junta Directiva del CPPCR, señalaron que, desde el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, la medida propuesta por Fernández resulta inoportuna por tres razones:
- Estigmatiza y criminaliza: Etiquetar a menores de edad por el lugar donde viven viola el principio de no discriminación de la Convención sobre los Derechos del Niño. La pobreza o la violencia comunitaria no son delitos.
- Agrava la vulnerabilidad social: Exponer a la población estudiantil a un entorno penitenciario de máxima seguridad podría generar trauma, deserción escolar y mayor riesgo de vinculación con redes delictivas, en lugar de prevenirla.
- Invierte el enfoque desde los derechos de la niñez y la adolescencia: La seguridad se construye garantizando los derechos de la niñez y la adolescencia, sin importar su origen, sexo, religión o condición socioeconómica, así como garantizando su derecho a la vida plena y al desarrollo mediante el acceso a servicios esenciales como salud, nutrición y educación.
Por otra parte, señalan que los centros de alta contención están diseñados para adultos que han cometido delitos graves y utilizarlos con estudiantes “es incompatible con el interés superior de la persona menor de edad y con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA)”.
¿Y qué proponen?
En vez de llevar a los estudiantes al CACCO, desde el CPPCR proponen invertir los recursos en prevención temprana, con un enfoque de oportunidades. Costa Rica tiene evidencia de que esto sí reduce la violencia:
- Educación y formación académica:
- Becas, transporte y alimentación en función de mitigar el riesgo que los estudiantes abandonen las aulas por falta de recursos.
- Fortalecer la orientación vocacional y técnica en colegios de zonas con alta desigualdad, fortaleciendo los enfoques ocupacionales de la población en crecimiento.
- Programas de nivelación y salud mental dentro de los centros educativos con acceso a la psicología.
- Trabajo digno y proyectos de vida
- Abrir pasantías y primer empleo para jóvenes con derechos laborales garantizados bajo un régimen especial que protege su bienestar, su salud y su derecho a la educación.
- Apoyo a emprendimientos juveniles y cooperativas en las comunidades, que fomenten habilidades blandas clave como la creatividad, el liderazgo y la resiliencia.
- Salarios dignos para las familias. Un hogar con ingresos estables es el principal factor protector.
- Comunidades seguras y con oportunidades:
- Centros de deporte, arte, cultura y tecnología abiertos después de clases y fines de semana.
- Recuperación de espacios públicos con participación de las propias juventudes.
- Equipos interinstitucionales de salud mental, trabajo social y psicología comunitaria en las comunidades.
- Abordaje sin estigma
- Dejar de nombrar “barrios peligrosos”. Hablemos de comunidades con deuda social histórica.
- Intervenir con las familias y la comunidad completa, evitando hacer señalamientos a grupos de estudiantes.
- Experiencias que construyan proyectos de vida
- Promover experiencias educativas, deportivas, culturales, científicas, ambientales y comunitarias que permitan a las personas menores de edad descubrir sus capacidades, fortalecer su autoestima y desarrollar un sentido de pertenencia.
- Generar oportunidades de participación positiva que les permitan construir proyectos de vida alejados de la violencia y el delito.
- Favorecer espacios de convivencia, liderazgo, voluntariado e intercambio con modelos positivos que inspiren el desarrollo de habilidades para la vida, la toma de decisiones responsables y la construcción de una ciudadanía activa.
“La acción que verdaderamente previene es la construcción de experiencias que fortalezcan el desarrollo integral de las personas menores de edad. Cada oportunidad para aprender, participar, crear, convivir y proyectar un futuro posible deja una huella positiva que reduce factores de riesgo y fortalece factores de protección. Apostar por estas experiencias es invertir en una generación con mayores posibilidades de bienestar, convivencia pacífica y desarrollo para el país. Como país tenemos la obligación de garantizar el derecho a la educación, a la protección y al desarrollo integral. Esa es la verdadera política de seguridad”, señalaron.
Desde la Junta Directiva del CPPCR extendieron una invitación al Gobierno a descartar medidas que se pueden ver como punitivas contra la niñez y a construir, junto con las comunidades, una estrategia nacional de prevención basada en derechos.
