Redacción. – El empresario autobusero Orlando Ramírez, cercano al presidente Rodrigo Chaves, intenta revertir el escenario que enfrenta luego de que el Consejo de Transporte Público (CTP) acordara no renovar los permisos de operación para rutas en San Pedro, Zapote, Curridabat y Tres Ríos, debido a una millonaria deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Mientras busca un arreglo de pago con la institución para normalizar su situación y recuperar la posibilidad de renovación, Ramírez sostiene que no existe cancelación de concesiones y que se trata únicamente de un “traslado de prevención” dentro de un proceso administrativo.
En un comunicado remitido a ElPeriodicocr, el Consorcio del Este —operador de las rutas cuestionadas— afirmó que la Junta Directiva del CTP otorgó un plazo de diez días hábiles para presentar descargos o completar requisitos, tal como indica la normativa.
Ramírez insistió en que las rutas siguen operando con normalidad y que el informe jurídico divulgado por algunos medios no es vinculante.
Según indicó, dicho informe reproduciría casi literalmente una denuncia privada de un competidor que estaría interesado en apropiarse de las rutas. “La Junta no adoptó ese criterio y abrió el espacio de defensa. Eso lo dice todo”, aseguró.
Deudas y permisos en riesgo
De acuerdo con la información revelada días atrás por ElPeriodicocr, las empresas vinculadas a Ramírez arrastran deudas significativas con la CCSS, situación que impide la renovación de permisos ante el CTP, debido a la prohibición legal para otorgar concesiones a operadores morosos.
Esa situación motivó el voto mayoritario de la Junta Directiva del CTP para no renovar las autorizaciones, un golpe que afecta directamente la operación histórica del Consorcio del Este en los corredores de San Pedro, Zapote, Curridabat y Tres Ríos.
Para recuperar la opción de continuidad, Ramírez busca ahora formalizar un arreglo con la CCSS que le permita corregir su condición y volver a ser elegible ante el regulador.
El empresario acusa una “manipulación de datos” y una “politización del tema” por parte de actores externos. Afirma que se han utilizado presiones mediáticas para perjudicarlo y crear la impresión de que las rutas ya le fueron retiradas.
Pidió a los medios verificar la información antes de publicarla y subrayó que el servicio se presta sin alteraciones. “Seguimos trabajando y cumpliendo con las comunidades”, expresó
Ramírez ha sido señalado en investigaciones de prensa como financista de campaña del presidente Chaves y posteriormente designado como miembro del propio CTP, lo que añade sensibilidad política al caso. La disputa por estas rutas, sumada a su situación de morosidad y a la pugna con otras empresas, mantiene mayor atención pública sobre un proceso administrativo que apenas inicia su fase de descargos.
Alonso Mejía.
