George Rodríguez EP. Más de quinientas personas perdieron la vida en casi doscientos días de violenta crisis sociopolítica en Nicaragua, informó este lunes la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH).
Se trata de 528 víctimas fatales, a quienes se suman 4,102 heridos y 1,609 desaparecidos, como saldo de la represión gubernamental antiopositora a nivel nacional, según lo indicado por la ANPDH, en su más reciente informe provisional, documento de ocho puntos que cubre el período del 19 de abril al 20 de octubre.
El número actualizado de fallecidos agrega 80 a la cifra anterior –estimada, para los primeros cien días de la crisis, en 448-.
Entre los heridos, figuran 105 personas quienes sufrieron lesiones de gravedad “con daño permanente”, de acuerdo con el resumen informativo emitido por la entidad.
En el caso de los desaparecidos –a quienes la agrupación define como “secuestrados”, 123 fueron ubicados “por gestión de la ANPDH e Iglesia Católica”, mientras quedan “pendientes de localizar: 1,486 ciudadanos secuestrados”, casos que están “en proceso de monitoreo e investigación”, precisó.
La ANPDH informó, además, la destrucción de una veintena de viviendas, por parte de integrantes de grupos armados progubernamentales, debido a que los inmuebles eran habitados por participantes en manifestaciones opositoras.
“Viviendas destruidas a ciudadanos a ciudadanos por protestar cívica y pacíficamente como un derecho humano por operaciones fuera del marco de la Ley de grupos armados paramilitares y de choque afines a la ideología partidaria del gobierno de turno amparados por la Policía Nacional de Nicaragua: 21 viviendas”, detalló.
La ANPDH denunció, asimismo que la población nicaragüense, en general, sufre acosos policial o de grupos armados ilegales.
“Acoso policial o de organismos de seguridad en conjunto de grupos armados paramilitares y de choque motivados por un fanatismo partidario fuera del marco de la Ley: La población nicaragüense en general”, informó.
Los datos actualizados de la ANPDH fueron difundidos mientras persiste la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril, situación que, además, además ha generado daño masivo a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente, a la vecina Costa Rica-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, lo mismo que de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos parapoliciales, en general, actuando conjuntamente.
La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra manifestaciones callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
