Treinta y dos organizaciones ambientales, comunitarias y de la sociedad civil solicitaron a la Asamblea Legislativa la ampliación del plazo cuatrienal del expediente legislativo 23.166, “Ley para garantizar pasos de fauna en infraestructura”, con el fin de evitar su archivo y permitir que sea sometido a segundo debate.
La petición fue presentada por la Coalición por los Pasos de Fauna y fue dirigida a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, así como a las jefaturas de fracción legislativa. El documento también fue remitido con copia al despacho de la ministra de Ambiente y Energía (Minae), Mónica Navarro del Valle.
Las organizaciones recuerdan que el proyecto fue aprobado en primer debate de forma unánime el pasado 21 de abril de 2026 con 47 votos a favor, reflejando un amplio consenso político sobre la necesidad de atender una problemática que durante años ha afectado a la fauna silvestre del país.
Sin embargo, advierten que la iniciativa podría quedar archivada al vencer su plazo cuatrienal el próximo 9 de junio.
El proyecto
La iniciativa, presentada por el exdiputado frenteamplista Ariel Robles Barrantes, modifica la Ley Orgánica del Ambiente con el objetivo de garantizar el desplazamiento seguro de especies silvestres y reducir la fragmentación de hábitats.
Así, señala que toda obra vial, nueva o existente, deberá incluir estructuras que permitan el paso de fauna. La medida aplicaría en carreteras nacionales y cantonales. Asimismo, ordena que los pasos de fauna se contemplen desde las etapas iniciales de planificación.
Según los ambientalistas, el atropello y la electrocución constituyen dos de las principales causas de muerte de animales silvestres en Costa Rica. La situación ha sido documentada durante décadas por organizaciones especializadas, instituciones públicas, personas investigadoras y organizaciones de la sociedad civil.
Las agrupaciones sostienen que el problema tiene efectos directos sobre las poblaciones de fauna silvestre y genera impactos acumulativos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Señalan que diversas investigaciones han registrado afectaciones a aproximadamente 140 especies, entre ellas felinos, primates, reptiles, anfibios, perezosos, armadillos, venados, pizotes, mapaches, dantas e iguanas.
“Permitir el archivo de una iniciativa que ya superó casi cuatro años de trámite legislativo y que fue aprobada en primer debate representaría un desperdicio de recursos públicos y del trabajo realizado durante el proceso legislativo. Por ello, hacen un llamado a la responsabilidad ecológica y financiera de las diputadas y diputados para que aprueben la ampliación del plazo y permitan la votación definitiva del proyecto”, señalan.
