El proyecto de ley que busca permitir el patrocinio de bebidas alcohólicas en actividades y organizaciones deportivas deberá esperar el criterio de la Sala Constitucional, luego de que un grupo de 16 diputados presentara una consulta facultativa sobre la iniciativa aprobada en primer debate por el Plenario Legislativo.
La gestión fue impulsada por legisladores de las fracciones del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberación Nacional (PLN), quienes cuestionan la constitucionalidad del expediente 23.216, al considerar que podría entrar en conflicto con principios relacionados con la protección de la salud pública y los derechos de la niñez y la adolescencia.
La presentación de la consulta suspende temporalmente el trámite legislativo del proyecto, por lo que el Congreso no podrá someterlo a segundo debate hasta que los magistrados emitan una resolución.
La iniciativa pretende modificar la legislación vigente para permitir que fabricantes, distribuidores e importadores de bebidas alcohólicas puedan patrocinar actividades, organizaciones y eventos deportivos, bajo una serie de restricciones orientadas a limitar la exposición de personas menores de edad a este tipo de publicidad.
Entre las disposiciones del texto aprobado en primer debate se establece la prohibición de incorporar publicidad o marcas de bebidas alcohólicas en uniformes, implementos deportivos o actividades dirigidas exclusivamente a menores de edad. Asimismo, se limita la participación de estas empresas en eventos cuyo público objetivo principal sean niños y adolescentes.
Los impulsores del proyecto han defendido la propuesta argumentando que abriría nuevas fuentes de financiamiento para federaciones, asociaciones deportivas, equipos y atletas, en momentos en que diversas disciplinas enfrentan dificultades económicas para sostener sus operaciones y procesos de formación.
Según los diputados que respaldan la iniciativa, la regulación propuesta permitiría establecer reglas claras para una práctica que ya existe en numerosos países, sin que ello implique una promoción indiscriminada del consumo de alcohol.
Sin embargo, los legisladores que promovieron la consulta ante la Sala IV sostienen que el expediente podría debilitar los mecanismos de protección frente a la exposición temprana de menores a mensajes asociados con bebidas alcohólicas. Además, consideran necesario que el tribunal constitucional determine si las modificaciones propuestas se ajustan al marco jurídico vigente.
El proyecto había sido aprobado en primer debate con el respaldo de 41 congresistas. Ahora corresponderá a los magistrados analizar los cuestionamientos planteados y definir si el texto presenta vicios de constitucionalidad o si, por el contrario, puede continuar su trámite para una eventual aprobación definitiva.
En caso de que la Sala IV descarte los cuestionamientos formulados por los diputados consultantes, el expediente regresará al Plenario Legislativo para su votación en segundo debate. Si los magistrados encuentran roces constitucionales, el Congreso deberá corregir el texto conforme a las observaciones emitidas o archivar la propuesta, dependiendo del alcance del pronunciamiento.
