Aarón Chinchilla EP. | El Régimen Ortega-Murillo lanzó a las calles a 15 mil agentes de policía fuertemente armados con distintos fusiles de guerra y AK-47 para “garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos” en Nicaragua.
Según trascendió, el denominado “plan Belén”, ordenado por el mandatario Daniel Ortega, fue activado en los 153 municipios de Nicaragua, para prevenir delitos y “salvaguardar la paz de los ciudadanos” durante las fiestas navideñas y de fin del 2018. Parte de las acciones que serán ejecutadas por los cuerpos policiales serán la vigilancia de puntos fijos, distintas formas de patrullajes y fuertes operativos en paradas de autobuses, mercados y puntos “sospechosos”.
El uso de fusiles de guerra, en su mayoría AK-47, no era un elemento destacado en las fuerzas policiales de Nicaragua hasta el estallido social del 18 de abril pasado, cuando los nicaragüenses se levantaron en protestas contra el presidente Daniel Ortega, que han dejado, por lo menos, 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-. De igual forma, organismos no gubernamentales (ONG´s) denuncian que al menos 674 “presos políticos” se encuentran en las cárceles de Nicaragua, mientras que el régimen Ortega-Murillo reconoce 273 reos, que clasifica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
Hasta antes del estallido social Nicaragua era considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica, con una tasa de homicidios que llegó a ser de 6 por cada 100.000 habitantes y una tasa de robos de 71,5 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.
