En una operación coordinada, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía costarricense desmantelaron una red de trata de personas vinculada al Tren de Aragua, la peligrosa mega banda criminal de origen venezolano.
El operativo incluyó siete allanamientos simultáneos en hoteles y viviendas de San José, Alajuela y Jacó, que culminaron con la detención de 10 personas: 8 venezolanos, 1 ecuatoriano y 1 nicaragüense, involucradas en la explotación sexual de mujeres migrantes.
La organización delictiva captaba a sus víctimas mediante falsas ofertas laborales como “generadoras de contenido” en plataformas digitales. Una vez en el país, las mujeres eran despojadas de sus teléfonos, las mantenían incomunicadas y forzadas a ejercer la prostitución para saldar supuestas deudas de entre 3.000 y 5.000 dólares, que incluían alojamiento, alimentación y trámites migratorios. Cualquier incumplimiento generaba multas diarias, dificultando aún más su escape.
Aunque las cifras oficiales aún no han sido confirmadas, medios locales reportan que durante el operativo fueron rescatadas alrededor de 90 mujeres, algunas de ellas embarazadas o con niños pequeños.
En los allanamientos, las autoridades decomisaron celulares, discos duros, computadoras, armas de fuego, dos vehículos, una motocicleta y dinero en efectivo.
La red desarticulada reproducía el modelo criminal del Tren de Aragua, banda nacida en la prisión venezolana de Tocorón y ahora con presencia en varios países de América Latina, incluyendo Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Costa Rica.
El caso evidencia cómo esta organización ha aprovechado el masivo éxodo venezolano para expandirse, montando estructuras transnacionales destinadas a la trata, extorsión, narcotráfico y otros delitos.
En febrero de este año, Estados Unidos la declaró “organización terrorista extranjera” e imputó a uno de sus altos mandos por cargos de terrorismo y narcotráfico.
En Costa Rica, el Tren de Aragua también ha sido vinculado al homicidio de dos ciudadanos venezolanos ocurrido en noviembre de 2024 en un bar del centro de San José, en el marco de disputas internas por el control de redes de explotación sexual.
Las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto entre la Fiscalía, el OIJ y unidades especializadas en violencia de género, homicidios y trata de personas para enfrentar este tipo de amenazas.
El caso pone de relieve cómo la criminalidad organizada no solo se traslada por rutas migratorias, sino que se instala en los países de destino, explotando la vulnerabilidad de poblaciones desplazadas.
