Allan Madriz | EP. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, arremetió contra funcionarios del del Servicio Fitosanitario (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Villalta denunció que los funcionarios no revelaron datos de un estudio del 2015 que determinó la presencia de bromacil en varios mantos acuíferos de comunidades de la Zona Norte, producto de la actividad piñera.
La investigación, realizada por el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA), de la Universidad de Costa Rica (UCR), fue financiada por autoridades del SFE, quienes según Villalta, alertaron por medio de una carta hasta el año 2017 al Ministerio de Salud de los resultados del estudio.
Representantes del CICA, en una audiencia en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, la semana anterior, confirmaron que recibieron una solicitud del SFE para que los resultados del estudio se manejaran de forma confidencial.
“Existe un acuerdo, más que todo en términos verbal, en términos que existe una confidencialidad del proyecto en general y que toda la información se canalizaría por medio de ellos, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado y por lo tanto nosotros recomendamos siempre que ellos hicieran las gestiones necesarias con las entidades que les correspondían”, explicó en comisión, Laura Brenes, investigadora del proyecto.
Esta semana, autoridades del SFE, representadas por Fernando Araya Alpizar, director de esa institución, participaron en el órgano legislativo para explicar la razón de no dar a conocer los resultados del estudio.
Villalta cuestionó en la comisión legislativa, por qué si desde el 2015 tenían los datos, hasta 2017 para una primera comunicación a Salud y por qué hasta 2018 llega esta información a Acueductos y Alcantarillados, si desde el 2017 se prohibió el uso de bromacil en el país.
“Realmente es preocupante porque estos funcionarios, desde 2015 tenían la información de la UCR que hay contaminación con bromacil en fuentes de agua que abastecen a comunidades. Sin embargo, lo callaron, lo taparon, no dijeron nada”, indicó el frenteamplista.
Para Villalta, no es de recibo que las autoridades del SFE indiquen que hasta 2017 se confirmó la tendencia de la contaminación de las nacientes de agua y que ahora aseguren que las cantidades encontradas no representan un riesgo para la salud.
“No le informaron al AyA, no le informaron a las ASADAS. Hasta junio de este año, a partir de la denuncia del Frente Amplio, a las ASADAS les están informando y están empezando a cerrar, por parte del AyA, varios pozos contaminados, pero desde el 2015 en el MAG saben que la gente está tomando agua con bromacil y no han hecho nada”, señaló Villalta.
Reacción del Gobierno
Ante la divulgación de esta información por parte del legislador frenteamplista, las autoridades del MAG enviaron un comunicado de prensa donde aseguran que han empezado a coordinar el tema con los acueductos comunales (ASADAS) de la zona.
“El viernes 20 de julio el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ordenó desconectar varias fuentes contaminadas de los acueductos comunales (ASADAS) de Santa Rita, La Tabla-Pinar y Santa Isabel-San Rafael, en Río Cuarto”, señala la nota.
Además informaron que en el caso de Santa Isabel-San Rafael (6053 personas), la cantidad de líquido en fuentes alternas es suficiente para abastecer a la población en cantidad, calidad y continuidad.
Mientras que el caso de las comunidades de Santa Rita, el acueducto se interconectó de forma temporal al acueducto comunal de Río Cuarto. Además se apoya a la ASADA La Tabla-Pinar con el suministro de agua directamente al tanque de almacenamiento, gracias a un cisterna.
“En el marco del plan único se unificarán los criterios de vigilancia de la calidad del agua que realizan el AyA, el Ministerio de Salud y el Minae y se establecerá un monitoreo permanente de las fuentes que abastecen a las comunidades”, indica el comunicado.
Salud y Minae realizarán visitas en las zonas para tomar muestras, además de comprobar si las fincas de las zona están cumpliendo con los compromisos ambientales exigidos.
“En junio el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) comunicó los resultados de un estudio que identificó la presencia del contaminante en nacientes de Río Cuarto, luego de ser debidamente monitoreadas, por lo que el Gobierno activó medidas para proteger a las comunidades. El AyA realizó nuevos estudios que confirmaron los hallazgos del SFE, lo que conllevó al cierre de las fuentes mencionadas”, agrega el Gobierno.
