George Rodríguez EP. El gobierno del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, anunció que solicitará que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomiende al gobierno de Nicaragua la investigación del asesinato de una ciudadana brasileña, originaria de ese estado, crimen ocurrido esta semana en Managua, la capital nicaragüense.
Se trata de un homicidio que presenta característica de crimen político, aseguró la noche del miércoles, en conferencia de prensa el secretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Pernambuco, Pedro Eurico.
La solicitud será presentada, por la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) de ese estado, a la cancillería brasileña, indicó Eurico.
“Optamos por la medida ante la presunción de que el homicidio fue de naturaleza política. No es posible que esa joven sea asesinada, ametrallada y no se llegue a ninguna conclusión”, planteó el ministro pernambucano.
En el planteamiento a la cancillería, el gobierno local solicita que se priorice el análisis de la solicitud, e indica que, en su condición de país miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), puede recibir la notificación del caso y deberá proporcionar, al tribunal, las aclaraciones del caso.
“Se trata de un caso de amplia repercusión internacional, y de un país (Nicaragua) en extrema inestabilidad política e institucional”, advirtió Eurico, en cuya opinión, “ciertamente, la realización de esa investigación será rápida”.
Según versiones periodísticas nicaragüenses, la estudiante universitaria brasileña Raynéia Gabrielle Lima, fue fatalmente baleada, la noche del lunes, mientras se desplazaba, conduciendo su vehículo, aproximadamente a las 22:30 hora nicaragüense, por el sector capitalino de Lomas de Monserrat, para encontrarse con su novio.
Lima, quien cursaba sexto año de Medicina en la Universidad Americana (Uam) y cumplía una práctica de internado en el Hospital “Carlos Rigoberto Huembes” de la Policía Nacional, fue llevada, por su novio, al Hospital Militar Escuela “Alejandro Dávila Bolaños”, donde falleció.
Una fuente médica, quien por razones de seguridad solicitó el anonimato, dijo al periódico matutino nicaragüense El Nuevo Diario, que Lima murió a causa del impacto de un proyectil de alto calibre.
“Llegó casi sin signos vitales, tenía una hemorragia tremenda, le hicieron una transfusión de sangre y se le llevó al quirófano. Ahí se vio que era una bala que atravesó hígado y tórax. Era una bala de alto calibre porque el orificio que causó en el tórax era de 15 centímetros y eso no lo hace una bala cualquiera”, dijo la fuente en las declaraciones publicadas este miércoles por el periódico.
Un amigo de la pareja, quien tampoco fue identificado, reveló detalles del incidente, según el diario.
“Quienes dispararon fueron tres encapuchados. Ella iba en dirección a la casa de su novio y él salió a recibirla e hizo señales para que no le dispararan. Entonces, a ella la dejan pasar y, cuando acelera su carro, uno de los encapuchados disparó en ráfaga”, indicó el amigo de la pareja.
Las versiones refutan la información difundida por la Policía Nacional, en un comunicado, en el sentido de que el autor de los disparos es un agente de seguridad privada.
Uno de los vecinos del lugar aseguró que “un guarda de seguridad que apenas cuenta con una pistola no tiene la capacidad de hacer tantos disparos, como los que se escucharon”.
En declaraciones publicadas dos días después del crimen, por el Diario de Pernambuco, la enfermera Maria José da Costa, de 55 años, madre de Lima, exigió justicia.
“Quiero justicia”, expresó Da Costa, quien señaló que “asesinaron a mi hija, sin motivo alguno”.
Lima fue asesinada en el contexto de la violenta crisis sociopolítica nicaragüense estallada hace más de tres meses, con saldo de por lo menos 350 víctimas fatales, más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daños en gran escala en materia económica.
La dramática situación se originó, el 18 de abril, a raíz del decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro del decreto, días después, determinó que la masiva protesta popular se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión policial y parapolicial antiopositora a nivel nacional.
