George Rodríguez EP. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, diputado opositor Juan Guaidó, reveló, este sábado, que, a solicitud suya, el Departamento del tesoro de Estados Unidos sancionó, esta semana, a seis jerarcas militares venezolanos.
La solicitud fue apoyada por la Asamblea Nacional –parlamento unicameral- de Venezuela, precisó Guaidó, respecto organismo legislativo que preside.
El castigo fue promovido por tratarse de oficiales militares y policiales quienes tuvieron responsabilidad en la represión del 23 de febrero, en sectores de las fronteras venezolanas, respectivamente, con Brasil –al sur- y Colombia –al oeste-, para impedir el ingreso de ayuda humanitaria a territorio de Venezuela, explicó, en un mensaje en la red social Twitter.
La acción de las fuerza de seguridad venezolanas tuvo saldo de víctimas fatales y heridos.
“Atendiendo nuestra solicitud y de la @AsambleaVE, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis funcionarios del régimen usurpador que el pasado #23Feb impidieron la entrada de la ayuda humanitaria y asesinaron al pueblo. Poco a poco va llegando la justicia”, tuiteó el legislador.
Respecto al sector militar venezolano, Guaidó reafirmó, en otro mensaje, también este sábado, en Twitter, la seguridad de amnistía para los integrantes de la venezolana Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) quienes opten por retirar el apoyo al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y pasen a respaldar al gobierno interino.
“Reiteramos que habrá amnistía y garantías para todos aquellos que se pongan del lado de la constitución”, escribió Guaidó, para, a continuación, advertir que “quienes vayan en contra del pueblo tendrán que asumir las consecuencias de sus acciones ante la justicia”.
El diputado opositor, quien cumple, hace una semana, una gira por países sudamericanos, formuló la revelación un día después de que, en un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que el gobierno estadounidense decidió sancionar a los jefes militares, a causa de la represión de ese día.
El grupo fue designado, como blanco de sanciones, por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro, de acuerdo con la información oficial.
“Como resultado de la acción de hoy, cualquier propiedad e intereses en propiedad de estos individuos, y de cualquier entidad que sea propiedad de estos individuos, directa o indirectamente, en 50 por ciento o más, y que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas de Estados Unidos, quedan bloqueados y se los debe comunicar a OFAC”, señaló el departamento.
Asimismo, las disposiciones de la OFAC por lo general prohíben toda transacción, por parte de ciudadanos estadounidenses o personas en tránsito por Estados Unidos, que involucre cualquier propiedad o interés en propiedad de los sancionados, agregó.
Al señalar la identidad de los sancionados, y su responsabilidad en la represión fronteriza del 23 de febrero, el departamento puntualizó que se trata de jerarcas militares quienes “controlan a muchos de los grupos que impidieron que la ayuda humanitaria ingresara a Venezuela”, y que “se ha determinado que estos individuos son o fueron autoridades del Gobierno de Venezuela”.
Se trata del general Richard Jesús López Vargas, quien es comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), además del general Jesús María Mantilla Oliveros, quien se desempeña como comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Guayana, y del general Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey, el actual general de división de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) del estado de Bolívar –limítrofe con Brasil-.
Asimismo, del general José Leonardo Norono Torres, comandante de la Zodi en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, así como de José Miguel Domínguez Ramírez, comisionado jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Táchira, y del coronel Cristhiam Abelardo Morales Zambrano, director de la PNB.
Los incidentes a los que aludió el departamento, en el comunicado, ocurrieron a raíz del intento opositor, llevado a cabo sin éxito, el 23 de febrero, por ingresar, a bordo de camiones, toneladas de ayuda humanitaria –principalmente estadounidense- almacenada en Colombia –la mayor parte- y Brasil, países con los cuales Venezuela comparte fronteras terrestres de, respectivamente, 2,341 y 2,137 kilómetros.
El régimen madurista impidió el ingreso de la ayuda de emergencia, mediante fuerte represión, en ambos sectores fronterizos, con saldo de víctimas fatales y heridos.
Maduro sostiene, para justificar su negativa a que la ayuda ingrese a territorio venezolano, por una parte, que Venezuela no la necesita, y, por otra, que se trata del preludio de una invasión militar estadounidense.
La crisis socioeconómica, política, y de seguridad venezolana ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido por lo menos 3.5 millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a otras naciones del área, incluyendo Ecuador y Perú.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, los migrantes denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, y la generalizada falta de oportunidades.
