George Rodríguez EP. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la chilena Michelle Bachelet, expresó, este jueves, preocupación por las más recientes sanciones impuestas, por Estados Unidos, al régimen del cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La exagerada amplitud del más reciente castigo aplicado por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, perjudicarían no solamente al régimen madurista sino también a la población venezolana, afectada por la crisis humanitaria que golpea al caribeño país sudamericano, indicó Bachelet, en un comunicado.
“Estoy profundamente preocupada por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos de las personas en Venezuela del nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos de América esta semana”, planteó la funcionaria, una ex presidenta (2006-2010., 2014-2018) de Chile.
La medida norteamericana carece de componentes que reduzcan su impacto negativo en los venezolanos, indicó.
“Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables”, por lo que “temo que tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una seria situación de escasez de bienes esenciales”, advirtió.
El crítico estado de la economía venezolana hace prever una agudización, a causa de las nuevas medidas punitivas estadounidenses, vaticinó.
“Con las nuevas sanciones que restringen aún más la actividad económica, me preocupa que las compañías y las instituciones financieras puedan preferir ser cautelosas y detener completamente las transacciones relacionadas con el Gobierno de Venezuela, en vez de correr el riesgo de ser penalizadas por infringir las sanciones”, vaticinó.
En ese sentido, indicó que, si bien la dramática situación venezolana data de antes de las acciones de castigo económico estadounidense, tales medidas han incidido negativamente en el cuadro de situación nacional, precisó la funcionaria internacional.
“Las sanciones económicas impuestas en agosto de 2017 y enero de 2019 han exacerbado los efectos de la grave crisis –y por extensión de la situación humanitaria- dado que la mayoría de las divisas externas provienen de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están relacionadas con el mercado de los Estados Unidos”, puntualizó.
Bachelet advirtió, asimismo, que, en términos generales, las sanciones unilaterales de amplio efecto, pueden afectar, perjudicialmente, los derechos humanos, y exhortó a trabajar, tanto nacional como internacionalmente, en procura de solución a la crisis, priorizando las garantías fundamentales.
“Llamo a aquellos actores que pueden tener influencia–tanto en Venezuela, como en la comunidad internacional- para que trabajen de manera conjunta y constructiva en la solución política de esta prolongada crisis en el país, colocando en primer plano los derechos humanos de las personas que sufren en Venezuela”, expresó.
Bachelet aludió, así, a la Orden Ejecutiva (Executive Order) -decreto presidencial- que Trump firmó el 5 de agosto, y que bloquea, generalizadamente, el uso de propiedades o intereses en propiedades que el régimen madurista posea en territorio estadunidense.
Venezuela enfrenta una crisis humanitaria, política, y de seguridad, que viene agudizándose hace por lo menos cuatro años, y ha generado el éxodo que, según diversos cálculos, han emprendido alrededor de cuatro millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a otras naciones del área, incluidos Ecuador y Perú, y, más al sur, Argentina y Chile.
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