La diputada Ángela Aguilar denunció que el Gobierno reducirá ₡5.040,1 millones del presupuesto destinado a la compra de patrullas y motocicletas de la Fuerza Pública, una decisión que dejaría al Ministerio de Seguridad Pública prácticamente sin recursos para adquirir nuevas unidades durante 2026.
La legisladora cuestionó el recorte, incluido en el II Presupuesto Extraordinario de 2026, que representa un 84,21 % del presupuesto autorizado a agosto, pese a las necesidades de equipamiento policial.
Según la justificación del Gobierno, el procedimiento de contratación de vehículos fue declarado infructuoso, mientras que la compra de motocicletas no podrá ejecutarse dentro del plazo presupuestario. Por esa razón, los recursos se trasladarán a otro ministerio.
Ante este panorama, Aguilar manifestó su indignación: “En medio de una crisis de inseguridad, que se renuncie a la compra de patrullas es un lujo que el país no puede darse. La burocracia y la ineficiencia están dejando a nuestras fuerzas policiales sin el equipo mínimo para proteger a la ciudadanía”.
La diputada también advirtió sobre las consecuencias de los atrasos administrativos en la capacidad operativa de los cuerpos policiales. “Esto debilita la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública para los patrullajes”, cuestionó.
Además, recordó que el ministro de Seguridad, Gerald Campos, reconoció recientemente que “estamos mal”, al referirse a las 3.000 unidades que no podían utilizarse.
La denuncia se suma a la que Aguilar presentó el 11 de septiembre, cuando alertó sobre una reducción del 59,38 % en los recursos destinados a la compra de vehículos policiales para 2027.
De acuerdo con la legisladora, ese presupuesto pasará de ₡5.985 millones en 2026 a ₡2.430 millones en 2027. “El país urge de más patrullas y se requiere suficientes recursos y más eficiencia”, aseguró.