George Rodríguez EP. Panamá será el escenario este domingo de los comicios generales que marcarán la culminación de un proceso electoral que tuvo, como uno de sus temas centrales, al combate a la corrupción.
Los respectivos discursos proselitistas de los siete aspirantes a la presidencia –cuatro de partidos políticos y tres independientes, entre los últimos, la única mujer del grupo-, así como las expectativas del electorado –algo más de 2.7 millones de votantes, un 30 por ciento de jóvenes en el rango etario de 18 a 29 años-, estuvieron marcadamente enfocados en ese tema.
Uno de los más recientes casos emblemáticos en este campo es el referido al ex presidente panameño (2009-2014) Ricardo Martinelli, investigado por la justicia panameña por una veintena de casos de corrupción.
Los casos van desde sobreprecio en la compra de alimentos para escuelas públicas hasta la adquisición de sofisticado equipo electrónico de espionaje –con el que vigiló, entre otros objetivos, a integrantes de su gabinete y personal diplomático estadounidense-, pasando por un millonario desvío de fondos.
Extraditado, en 2018, desde Estados Unidos –adonde se fugó en 2015-, Martinelli se encuentra en prisión, en el panameño centro penitenciario “El Renacer”, en la Zona del Canal de Panamá.
Al cumplirse la extradición, el Departamento de Justicia estadounidense indicó que, en Panamá, el ex mandatario es acusado de “monitorear ilegalmente las comunicaciones de más de 150 personas entre el 2012 y el 2014 usando un amplio sistema de vigilancia y de desviar más de 10 millones de dólares en fondos públicos”.
Otro caso emblemático en materia de corrupción fue el referido al general Manuel Antonio Noriega, hombre fuerte –formalmente, Líder Máximo de la Liberación Nacional de Panamá- (1983-1989), acusado por delitos tales como narcotráfico y otras actividades de crimen organizado, además de legitimación de capitales.
Derrocado durante la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, en diciembre de 1989, Noriega fue capturado por la estadounidense Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA), enjuiciado y condenado por la justicia estadounidense, extraditado luego a Francia, bajo similares cargos, y enviado a Panamá, donde fue también fue juzgado -en ausencia-.
El rechazo de los panameños, a la corrupción se ha constituido en un fenómeno creciente, y, de acuerdo con resultados de encuestas de opinión y de intención de voto, la población exige acciones para hacer frente a las prácticas ilícitas.
Los panameños expresan, asimismo, opiniones desfavorables de la clase política, lo que dio lugar al surgimiento de un movimiento popular llamado “No a la reelección”.
Esto, debido a que la Constitución nacional permite la reelección presidencial, no inmediata sino habiendo transcurrido por lo menos dos períodos, disposición incorporada en la reforma de 2004, que eliminó, así, la prohibición general.
En ese sentido, el artículo 178 constitucional establece que “los funcionarios que hayan sido elegidos presidente y vicepresidente no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos períodos presidenciales inmediatamente siguientes”.
Dos intentos por establecer, como norma constitucional, la reelección inmediata, fueron desestimados, respectivamente, en el referéndum llevado a cabo en 1998, y por decisión, en 2011, de la Asamblea Nacional –parlamento unicameral-.
De los siete rivales en la lucha por llegar a la presidencia panameña, dos se perfilan como los favoritos, aunque la brecha que los separa es considerablemente ancha.
Se trata de Laurentino “Nito” Cortizo, postulado por el centroizquierdista Partido Revolucionario Democrático (PRD), a quien las más recientes encuestas de intención de voto asignan de 46.8 a 34 por ciento de apoyo, y de Rómulo Roux, impulsado por el centroizquierdista Cambio Democrático (CD), quien presenta respaldo de 30 a 26.4 por ciento.
En un lejano tercer lugar, los sondeos ubican al candidato independiente Ricardo Lombana (12.0 a 10.5 por ciento), y en una todavía más distante cuarta posición, figura José Blandón, en representación del gobernante y derechista Partido Panameñista (PP) (8.0 a 82).
No obstante la baja popularidad del candidato de su partido, el saliente presidente panameño, Juan Carlos Varela, considera que su sucesor recibirá un país con mejores indicadores que los de hace cinco años.
Al enumerar algunos de esos componentes, Varela aseguró, en una carta pública que difundió esta semana, que el nuevo presidente “recibirá un Panamá más seguro, con una reducción de 37% en la tasa de homicidios en comparación con el periodo anterior, logrando la cifra más baja de los últimos 15 años, como indiscutiblemente lo comprueban las estadísticas”, un país “en paz, donde la libertad de expresión reina a plenitud”.
En materia económica, indicó que su gestión gubernamental cierra con crecimiento proyectado para el rango de seise por ciento anual, y, en el campo educativo, con la capacitación de seise mil profesores capacitados en la enseñanza del inglés.
En cuanto al cierre de su mandato presidencial, el 1 de julio, Varela aseguró, en la carta, que “saldré tranquilo, con la frente en alto, junto a mi familia y a mi equipo de trabajo, convencido de que obramos con integridad e impactamos positivamente la vida de cientos de miles de panameños”.
Entre los retos sobre los cuales advirtió que el próximo mandatario enfrentará, Varela señaló las exigencias lo mismo populares que de la clase adinerada.
En ese sentido, indicó, respecto a que lo suceda en la presidencia, que “le auguro lo mejor y que encuentre en la tolerancia, la ecuanimidad y la justicia social las herramientas para enfrentar los infinitos y justificados reclamos de los más humildes, y fortaleza ante las insaciables demandas de los que más tienen”.
Los algo más de 2.7 millones de votantes registrados –del total de 3.8 millones de habitantes- están convocados para elegir, el domingo, a los titulares de 861 cargos, incluidos los de presidente y vicepresidente, 71 diputados de la Asamblea Nacional –parlamento unicameral-, 81 alcaldes, casi 700 representantes municipales, y 20 diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El Tribunal Electoral (TE) de Panamá prevé la participación de algo más de 80 por ciento de electores, lo que supera la afluencia habitual de alrededor de 75 por ciento.
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