Elvis Martínez. El Tribunal Contencioso Administrativo a través de una medida cautelar ordenó al Gobierno y al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) del MOPT detener cualquier tipo de pago a la empresa brasileña OAS, vinculada al contrato de construcción de la Carretera San José-San Ramón.
La resolución se ordena “la suspensión de cualquier giro de dinero a las empresas vinculadas al contrato de concesión de la carretera San José San Ramón tanto los presentes de no haberse ejecutado, como los futuros”.
El Foro Nacional fue notificado la tarde del viernes 20 de diciembre. Las partes tienen hasta tres días para manifestarse y corre a partir de enero cuando los Tribunales abran sus puertas después de vacaciones.
La medida del Contencioso se da luego que el Foro Nacional interpusiera una demanda contra el Gobierno por la forma en como se dio la negociación y solicitaba a su vez, medidas cautelares. Asi mismo, solicitó sentar las responsabilidades “sobre los funcionarios gubernamentales que a sabiendas de la existencia de nuestra acción judicial, insisten en pagarle a OAS”.
“Nuevamente la institucionalidad de este país se está imponiendo ante la chavacanería y apuro del gobierno de realizar pagos irregulares. Nuevamente la institucionalidad tienen que verse obligada a marcarle al gobierno como proceder respetando la ley, escuchando las observaciones y señala que la legalidad debe imponerse”, manifestó Edgardo Araya Sibaja.
Pese a que estaba pendiente esta resolución el Gobierno adelantó el miércoles un pago parcial por 6.5 millones de dólares de los más de 35 millones de dólares que acordó pagar para finiquitar el contrato. Por lo que nuevamente el Foro Nacional y su equipo de abogados presentaron una demanda contenciosa administrativa contra la indemnización de la empresa constructora.
“Nos cansamos de que todo este pasando a vista y paciencia de todo el mundo y se hagan pagos que no se deben hacer a pesar de todas las medidas que hemos presentado” afirmó el abogado Alvaro Sagot.
En la demanda contenciosa administrativa se solicita que se devuelva el dinero pagado y no se pague ni un dólar más.
Asimismo, el Foro Nacional anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Concesión de Obra Pública, ya que asegura que esa ley es un portillo para que se permitan irregularidads como el contrato de concesión con la firma brasileña.
A las acciones legales del Foro Nacional se han sumando dos más. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ya tramitaba una denuncia interpuesta por José Antonio Rojas,representante de la Asociación pro defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos, quien alega que Chinchilla validó el contrato de obra pública con la empresa OAS para las ampliaciones de la Ruta 1, sin verificar los requerimientos de los representantes de la empresa contratada e ignorando que el ministro Castro fue asesor de OAS.
Por su parte el 19 de diciembre el abogado Alberto Rodríguez Baldi presentó una denuncia contra la mandataria Laura Chinchilla, el ministro de Planificación Roberto Gallardo y otros funcionarios de Gobierno, a quienes les señala de asociación ilícita, peculado, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, estafa y simulación.
