Elvis Martínez. El Gobierno podrá seguir negociando con OAS el proceso de construcción de la Ruta San José-Ramón, debido a que el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la medida cautelar solicitada por el Foro Nacional para suspender el proceso de conciliación.
La compañía brasileña OAS solicita 45,9 millones de dólares al Gobierno por rescindir el contrato que fue anulado por el Ejecutivo en abril pasado. Ambas partes iniciaron el proceso de negociacón el martes 17 de setiembre en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Sin embargo, lo que se habla en la cita no es de conocimiento público, ya que están negociando “a puertas cerrada”. La empresa brasileña tampoco se ha referido al respecto.
El Tribunal Contencioso Administrativo consideró que la petición del Foro para que se dictara una medida cautelar no procedía, ya que no existe una posición firme del Gobierno para pagar una indemnización a OAS. El Tribunal también determinó que “no existe una afectación a los intereses nacionales” tal y como sostiene el Foro Nacional, por lo que recomienda que el asunto tendrá que tramitarse por la vía ordinaria en el momento oportuno.
El Foro Nacional se opone a que el Gobierno le pague a OAS, ya que aseguran la compañía incurrió en violaciones al contrato. [pullquote]La solicitud de medida cautelar se da amparada en la caducidad de los expedientes de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) que señalan irregularidades en el estudio de impacto ambiental.[/pullquote]
El abogado Alvaro Sagot, integrante y asesor legal del Foro Nacional, anunció que presentará una apelación a la resolución del Contencioso Administrativo, pero teme que se resuelva cuando OAS y el Gobierno ya hayan concluido la conciliación.
La construcción de la Ruta San José- San Ramón se paralizó gracias a la movilización de las comunidades, luego que salieran a la luz una serie de irregularidades en el proceso de contratación y costo de la obra.
Inicialmente OAS había indicado que no haría reclamos económicos, pero semanas después solicitaron el pago por conceptos de gastos que ascienden a los 45,9 millones de dólares.
Ese dinero saldrá del bolsillo de las y los costarricenses si el Gobierno accede a la petición de OAS. La compañía indica que de ese total, 33.9 millones de dólares son de la inversión realizada en pagos a la compañía Autopistas del Valle, que ganó la concesión inicialmente, 11 millones corresponde a la inversión realizada por OAS y el restante (cerca de un millón) por especies fiscales.
La compañía brasileña señala que el importe de las inversiones aceptadas, así como de los nuevos gastos e inversiones y de los timbres a reintegrar “devengarán intereses, a una tasa razonable de mercado que acordarán ambas partes”. La petición cita además, que el interés de las inversiones aceptadas corren desde la fecha en que se firmó el convenio entre OAS y Autopistas del Valle, mientras que el interés de los nuevos gastos e inversiones “se reconocerán a partir del anuncio de terminación del contrato de mutuo acuerdo por parte de la Presidencia de la República”.
La Audiencia Oral y Pública en el Tribunal Contencioso Administrativo está prevista para el miércoles 16 de octubre. Hasta ahora no se sabe si la Contraloría General de la República será incluida en la demanda.
